El juzgado Segundo de Paz de San Salvador notificó el martes al general retirado Rafael Bustillo, excomandante de la Fuerza Aérea, el cargo que le es atribuido por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas -cinco de ellos españoles- y dos colaboradoras en 1989 en el contexto del conflicto interno (1980-1992).
Bustillo, que también enfrenta un proceso penal por la masacre de mil campesinos en 1981 en el remoto cantón El Mozote y lugares aledaños, acudió a la sede del Juzgado Tercero de Paz de San Salvador para conocer el delito que le es imputado por la Fiscalía General de la República (FGR).
El militar retirado, acusado de omisión en el delito de asesinato, dijo a periodistas, a su salida del juzgado, que está «dispuesto a colaborar con las instituciones que imparten justicia» y aseguró que va «a decir toda la verdad, y nada más que la verdad de todo».
«No puedo adelantar nada, pero siempre he sido responsable, una persona responsable, un hombre responsable, por eso que he venido aquí para que todos tengan el conocimiento que no me ando escondiendo de nada», manifestó.
Bustillo es parte de las 13 personas, incluido el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), a quienes involucran en los hechos, de acuerdo con un requerimiento presentado el pasado 25 de febrero por el Ministerio Público ante la Justicia.
Además de Cristiani y Bustillo, también son señalados los militares Juan Orlando Zepeda Herrera, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López y Joaquín Arnildo Cerna Flores.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la sangrienta y mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil, un comando élite del Ejército ejecutó a los religiosos y a dos mujeres en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
La anulación de una ley de amnistía de 1993, por un fallo constitucional de 2016, permitió que una corte de paz ordenará en 2017 la reapertura del proceso a petición de la UCA.
Diversos recursos presentados por la defensa retrasaron el comienzo de las diligencias de investigación.
Por este crimen únicamente está encarcelado el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991, mientras que la Audiencia Nacional de España condenó en 2020 al exviceministro de Seguridad Pública Inocente Montano a 133 años y cuatro meses de prisión.
Las víctimas fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, la trabajadora de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos.
