La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, confirmó este lunes en Guatemala la creación de una Fuerza de Tarea Anticorrupción regional, que contará con el respaldo de los Departamentos de Estado, Justicia y Tesoro y que apoyará a los fiscales de Centroamérica.
En una declaración conjunta de Harris con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en el Palacio Nacional de la Cultura (despacho de Gobierno), la funcionaria estadounidense aseguró que la Fuerza de Tarea Anticorrupción podrá “apoyar a los fiscales guatemaltecos” para seguir “la ruta del dinero”, pues “la corrupción no conoce de fronteras”.
La entidad anticorrupción regional, que ya había sido anunciada en marzo por Juan González, asesor especial del presidente estadounidense, Joe Biden, se conformará con “un equipo de trabajo” que incluirá a fiscales y especialistas en la “aplicación de la ley”, según un comunicado del Gobierno norteamericano.
Los investigadores, bajo el mando del Departamento de Estado, podrán “investigar y enjuiciar a casos de corrupción que tengan un nexo con Estados Unidos, Guatemala y la región en general”, pero con “mayor enfoque” en Guatemala, El Salvador y Honduras.
La funcionaria añadió que, por lo que ha hablado con el presidente Joe Biden, la postura de su Administración es “muy clara sobre el tema de la corrupción”, y enfatizó que Estados Unidos quiere “atajarla de raíz”, porque saben “que no le conviene a una democracia”.
El proyecto de esta fuerza de tarea regional anticorrupción que ha sido diseñado para robustecer la prosperidad, la institucionalidad y la dignidad en Honduras, El Salvador y Guatemala, fue anunciado desde el pasado mes de marzo por el enviado especial del presidente Biden al Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga y por el director principal del Consejo Nacional de seguridad para el Hemisferio Occidental.
Ambos funcionarios adelantaron que una de la razón por la cual el presidente Biden está enfocado en cuestiones de anticorrupción es porque habían sido removidas la Misión de Apoyo Contra la Corrupción en Honduras (MACCIH) en Honduras y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en Guatemala, a lo que ahora se suma la decisión del gobierno de El Salvador y del Fiscal General que rompieron los acuerdos que dieron vida a la CICIES-OEA.