La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación penal contra el diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y expresidente del Congreso, Norman Quijano, quien es señalado de haber pactado con las pandillas a cambio del apoyo de estos grupos delictivos en las elecciones presidenciales de 2014.
El fiscal del caso explicó a los periodistas que la acusación, presentada ante la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, corresponde a las negociaciones de Quijano con los cabecillas de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 para que le ayudaran a ganar los comicios de ese año, en los que a fin de cuentas triunfó el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Quijano fue electo diputado del Parlacen para el período 2021-2026. Salió del país el 30 de abril de 2021, cuando faltaban pocas horas para que llegara a su fin el periodo legislativo en el Congreso y el fuero constitucional que impedía que las autoridades lo capturaran. Se desconoce su paradero.
La Corte Suprema de Justicia declaró grupos terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. En su sentencia también declaró terroristas a los jefes, miembros y colaboradores de esos grupos criminales.
En diciembre pasado, la Asamblea Legislativa, bajo poder total del oficialismo, acordó quitarle el fuero a Quijano luego de que el Ministerio Público lo pidiera por segunda vez. Está acusado de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral tras una investigación de la Unidad Antipandillas. La solicitud fue acompañada por una serie de audios y videos que ya están en poder de los tribunales de justicia.
Los abogados del diputado centroamericano alegan que el proceso de desafuero fue ilegal porque no le correspondía al Congreso salvadoreño retirarle la protección constitucional, sino al Parlacen, pero los jueces, también nombrados por el oficialismo, desestimaron ese alegato. Los fiscales dicen que existe evidencia pericial, documental y testimonial que comprueba la participación de Quijano en los delitos que se le imputan.
La Fiscalía presentó la acusación penal contra Quijano el 1 de mayo de 2021, y una semana después el Juzgado Séptimo de Paz giró orden de captura en su contra y pidió a la Interpol que emitiera una notificación roja, pero ésta decidió no hacerlo, por considerar que las acusaciones forman parte de una «persecución política» contra el personaje tricolor.
En septiembre de 2021, a petición de los abogados defensores, la Cámara Primera de lo Penal anuló el caso y con ello todas las órdenes de detención, pero la Fiscalía apeló esa decisión, y ya con una Asamblea legislativa oficialista, posteriormente fue revertida para continuar con el proceso, ratificando las órdenes de captura.
