El empresario salvadoreño Enrique Rais pidió a los “fiscales” que se encuentran supuestamente involucrados en actos de “fraude procesal” en el juicio que se sigue en su contra en el juzgado 8 de Instrucción, conocido como caso Rais-Martínez, que se abstengan de seguir “fabricando” pruebas y les recuerda que al fiscal Meléndez le quedan menos de tres meses para terminar su gestión como tal.
Rais se ha convertido en el más crítico de los críticos del actual Fiscal, a quien acusa públicamente de haber convertido el caso “Rais-Martínez” en una cuestión personal. Rais ha denunciado la existencia de fiscales cercanos al titular del Ministerio Público (MP), que han ¨fabricado” pruebas para “montar” el juicio que en su contra y la de otras nueve personas lleva el juzgado 8º de Instrucción.
El empresario, ante una eventual sentencia en su caso, ha denunciado al Fiscal Meléndez de estar “fraguando” otros casos en su contra y así impedirle la recuperación de todos sus derechos luego que el juez respectivo dé a conocer su fallo, que él considera va ser absolutorio.
Los criterios, tanto de Rais como de sus defensores, respecto a que la sentencia va a ser absolutoria, se basan en que a su juicio, como lo han hecho público infinidad de veces, “ningún juez que se respete y que respete el Estado de derecho en el país, podría dejar pasar desapercibidas las falsedades y mentiras que constan en su contra dentro del proceso y de las cuales responsabilizan a fiscales cercanos al Fiscal General Douglas Meléndez.
Según Rais la base fundamental del requerimiento fiscal que sirvió a su detención el 23 de agosto del 2016, contiene inexactitudes y “falsedades” que hacen nulo el proceso en su contra y 11 personas más, incluyendo al ex fiscal Luis Martínez, al ex juez Romeo Aurora y a su abogado Ernesto Gutiérrez.
Rais ha denunciado la existencia de una conspiración en su contra, en la que participan los ciudadanos canadienses, Matteo Pasquale y Franco Pacetti, vinculados al crimen internacional, pertenecientes a la mafia, tal como lo detalla un informe a la Fiscalía General de la República de El Salvador, suscrito por la Real Policía Montada de Canadá, asociados a otros empresarios salvadoreños interesados en apoderarse de los contratos que MIDES, (Manejo Integral de Desechos Sólidos) mantiene con la casi totalidad de alcaldías municipales del país.
Según Rais en esa conspiración participan directamente un grupo de fiscales cercanos al jefe del MP y supuestamente el mismo Fiscal Douglas Meléndez.
De acuerdo al Código de Procedimientos Penales, el proceso se encuentra en la etapa de decidir si Rais y once personas más, van o no a juicio, acusado por los delitos de Cohecho Activo, fraude procesal y falsedad material.
Tanto Rais, como los abogados que tienen a cargo su defensa técnica, han denunciado reiteradamente la “Fabricación” de pruebas por parte de fiscales cercanos al titular del MP, pero no han logrado que estos sean investigados y mucho menos que sean separados de sus cargos para garantizar el derecho de los imputados a un juicio imparcial.
Rais, el ex juez Romeo Aurora Giammatei, el ex fiscal Luis Martínez y otras personas fueron llamados “con engaño” a una sede fiscal para capturarlos el 22 de agosto de 2016, acusados de fraude procesal, falsedad material y cohecho. Los acusados fueron avisados a que se presentaran a la mencionada sede fiscal para ser notificadas de una resolución ajena a los hechos de esa tarde. De acuerdo a la defensa técnica de Rais, este y las personas que lo acompañaban, en vez de ser “notificados”, fueron prácticamente secuestrados, hasta que en horas de la noche, los trasladaron a un centro policial sin leerles sus derechos constitucionales. Dos días después, fueron consignados a un tribunal bajo los cargos de fraude procesal, falsedad y Cohecho.
Para fundamentar su requerimiento judicial, la Fiscalía General de la República utilizó una intervención telefónica, calificada como ilegal por los defensores de Rais, en la que supuestamente se demuestra su culpabilidad, la cual Enrique Rais y su defensa técnica, han demostrado contundentemente su ilegalidad y falta de valor probatorio.
En el curso del proceso, tanto Rais como sus defensores, han ofrecido pruebas que según ellos demuestran que la intervención telefónica es producto de un fraude procesal sino que, específicamente, la descalifica como elemento probatorio en contra de los imputados.
Para el caso , el empresario Rais ha demostrado judicialmente que la intervención no solo había caducado de acuerdo a la ley sino que los fiscales recurrieron, con el supuesto respaldo del Fiscal General Douglas Meléndez, a la mentira y a la falsedad para “engañar” al juez y ahora candidato a magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Sánchez quien, a pesar de que la Fiscal Mayra Raquel Guerra, reconoce en autos que el número telefónico intervenido no pertenecía a Enrique Rais, ordenó la captura de este y las demás personas que guardan prisión desde hace dos años.
“DISCULPE SEÑOR JUEZ, FUE UN ERROR DE LA TÉCNICO ENA MARICELA GRANADO PONCE, EFECTIVAMENTE EL NUMERO (intervenido) NO ERA DE ENRIQUE RAIS, ERA DE OTRA PERSONA”. Así se expresa la fiscal Guerra en su escrito al juez Carlos Sánchez.
A pesar de la confesión de la fiscal Guerra, el juez Carlos Sánchez ordenó la captura del empresario Enrique Rais. “En cualquier país del mundo, con esa evidencia de falsedad, el juez a cargo hubiese revertido el auto de detención por contrario imperio; es decir, por ser contrario al derecho” ha señalado Rais.
Otra equivocación: Según la bitácora que obliga la ley, el empresario Rais sostuvo 78 llamadas con su abogado Ernesto Gutiérrez; sin embargo, resulta, tal como costa en autos, que las 78 llamadas telefónicas fueron entre el abogado Ernesto Gutiérrez y su hijo y no con Rais como lo asegura el requerimiento fiscal. La Fiscalía se limita a decir que se trató de un error de la técnico fiscal. Rais se pregunta: No es aberrante que esa prueba haya sido suficiente para ordenar mi captura?
En otro pasaje del proceso, la representación fiscal busca incriminar a Rais como responsable de fraude procesal mediante la declaración de un testigo criteriado La declaración del testigo es inconsistente, primero, porque en principio afirma que “no recuerda la fecha” en que supuestamente en que ocurrieron los hechos y segundo, porque luego la ubica en septiembre de 2014.
Al ser cuestionada la transcripción de lo depuesto por el testigo criteriado, los abogados de la defensa técnica del empresario Enrique Rais resaltan como evidencia de falsedad, la fecha –02-10- 2015, dos de octubre de 2015, citada por la técnico fiscal, Ena Maricela Granados como la fecha en que supuestamente ocurrieron los hechos, la Fiscal a cargo, Mayra Raquel Granados, explica al juez que la técnico Granados escribió la fecha de los acontecimientos relatados por el criteriado “ En formato norteamericano” y que “lo que en realidad pretendía decir era diez de febrero de 2015, (10-02-2015) “Lo que pasa es que la técnico escribió la fecha en formato norteamericano” fue la explicación de la Fiscal Granados.
Esa explicación no es válida ni aquí ni en la Cochinchina, primero porque no se trata de la fecha que detalla cuándo fue hecho un documento oficial, y los escritos de la Fiscalía lo son, sino una fecha en la que supuestamente ocurrieron hechos fácticos que para un ciudadano pueden significar la diferencia entre la libertad y la prisión, entre la inocencia y la culpabilidad.
Además, todo documento oficial de El Salvador, escrito en español, se debe estar a su literalidad, excepto si se tratase de una traducción jurada que no es el caso. Ningún juez podría dar validez probatoria a un testimonio de esa naturaleza pues a todas luces denota un fraude procesal.
La fiscal Granados presentó su informe en sendos volúmenes con la información recabada e interpretada, tal como se lo ordenara el Director del Centro de Intervención para las Telecomunicaciones de la Fiscalía General de la República, licenciado Sigfredo Alcides Campos Crespo, relatando la forma insólita en que cumplió la orden del Licenciado Campos Crespo.
Según el informe de la técnico fiscal Ena Maricela Granados, le bastaron tan solo 12 horas para estudiar, analizar, interpretar y transcribir, más de siete mil llamadas telefónicas obtenidas a lo largo de dos años, algo humanamente, materialmente y físicamente imposible. Por si fuera poco, en ese gigantesco esfuerzo no aparece mencionado ni tan solo una vez, el empresario Enrique Rais.
Tanto el empresario como su defensa técnica, han manifestado reiteradamente que esas incongruencias no son sino producto de un fraude procesal organizado para despojar a Enrique Rais de sus empresas y favorecer a sus competidores comerciales.
En la acusación de fraude procesal o falsedad contra el empresario Rais, la FGR lo señala como la persona que pagó $ 1.500 dólares para obtener un dictamen favorable que confirmara el daño psicológico sufrido después que fue víctima de una agresión física de parte de la señora Claudia Herrera, esposa de un ex empleado del “Grupo Rais”; sin embargo, una auxiliar de la Fiscalía, con el nombre clave “Francia”, se hace responsable única de todo lo concerniente al peritaje.
“Yo ordené el peritaje, yo mandé el oficio a Medicina Legal, yo lo mandé a retirar oficialmente, yo transporté de manera oficial el peritaje, yo personalmente presenté ese peritaje al juzgado” dice la fiscal “Francia”.
La defensa técnica de Rais ha manifestado que, la sola declaración de la fiscal “Francia”, es suficiente para desvanecer la acusación de fraude procesal o falsedad y Cohecho en contra de su patrocinado.
Entonces; si Rais no se relacionó con ninguna diligencia judicial relacionada con el famoso peritaje y por el contrario una fiscal reconoce ser la única responsable, cómo pudo el empresario cometer fraude procesal o falsedad y cohecho?
El Fiscal Douglas Meléndez finaliza su gestión como jefe del MP en cosa de 98 días pero ha manifestado su intención de buscar la reelección.
