El fiscal general de la República, Raúl Melara, informo en redes sociales que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR) a vuelto a formar parte del grupo Egmont.
“Esto es sumamente importante, es una noticia que hemos estado esperando y para lo cual la Fiscalía General de la República no solo se ha venido preparando sino cumpliendo con una serie de requerimientos que han sido presentadas”, indicó el fiscal Melara en Twitter.
El Grupo Egmont permite que 159 países del mundo compartan información financiera para investigar casos de lavado de dinero, corrupción y el financiamiento de actividades terroristas.
El fiscal Melara explicó que “Volvemos a tener todas esas facilidades que nos van a ayudar a combatir el lavado de dinero y activos”.
El Salvador fue suspendido del Grupo Egmont en octubre del 2018, debido al incumplimiento de una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que señalaba que la UIF debía ser independiente y tener autonomía operativa.
El 20 de julio del 2018, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al artículo 70 de la Ley de la FGR para evitar la salida de El Salvador del Grupo Egmont, pero esta fue vetado por el entonces presidente de la República, el efemelenista Salvador Sánchez Cerén, por considerarla inconstitucional.
Según Sánchez Cerén, la reforma “trastocaba la esencia de la Fiscalía” y “rompía el orden establecido” por la regulación constitucional.
El veto fue llevado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde los cinco magistrados explicaron que la referida autonomía no implicaba la dirección en la investigación de los delitos, sino que “en el marco del fenómeno del lavado de dinero, se ubica en un estadio previo el entorno preventivo, tan importante para evitar el desarrollo de acto de inicio de la legitimación de capitales o de activar alertas de una actividad de esa naturaleza”.
El personaje que era beneficiado con la suspensión del Grupo Egmont era el expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, quien es imputado por el lavado de más de $351 millones desviados desde la Casa Presidencial.
