El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, acusó el lunes al presidente del país, Rodrigo Chaves, y al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, por un cargo de presunta concusión, informaron medios ticos.
El titular del Ministerio Público presentó la demanda ante la Corte Suprema de Justicia y pidió también suprimirles la inmunidad a ambos funcionarios por el supuesto delito, vinculado a la contratación de 405 mil 800 dólares para una estrategia de comunicación en la Casa Presidencial, financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La acusación está basada en el artículo 355 del Código Penal, que define como concusión el abuso del cargo por un funcionario para obligar o inducir a alguien a dar o prometer indebidamente un beneficio patrimonial para sí o para un tercero, lo cual implica penas de hasta ocho años de prisión, añadió el periódico El Mundo.cr.
El pliego acusatorio fue entregado a la Secretaría General de la Corte Plena bajo el expediente 25-000019-0033-PE, para que los magistrados evaluaran trasladar la solicitud a la Asamblea Legislativa, órgano competente para levantar la inmunidad (desafuero) de los dos gobernantes y también diputados, agrega, por su parte, el periódico Delfino.cr.
La compra de los servicios para la estrategia de comunicación y monitoreo de redes sociales para la Casa Presidencial fue asignada a la empresa RMC La Productora S. A., propiedad de Christian Bulgarelli, poco después de que Chaves asumiera la presidencia en mayo de 2022.
Según el Ministerio Público, Chaves y Rodríguez, este último entonces jefe de despacho del presidente, sostuvieron reuniones previas con Bulgarelli y coincidieron en que este último redactara los términos de referencia del contrato.
La tesis de la Fiscalía se apoya en unas grabaciones de audio tomadas dentro de la Presidencia sobre ese tipo de contactos entre las partes luego de la toma de posesión de Chaves, indicó Delfino.cr.
El Ministerio Público le comunicó también los hechos a la Procuraduría General de la República, como representante fiscalizadora del Estado, a los efectos de que esa entidad dispusiera si desea constituirse en querellante o en actor civil.
La figura delictiva de concusión está contemplada en el Código Procesal Penal y establece, además, la suspensión de la acción penal contra un imputado, cuando este se compromete a esclarecer el hecho investigado y proporciona información útil para probar la participación de otros encartados.
