Un informe de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y la organización Christian Aid asegura que la atención de la pandemia en El Salvador durante el confinamiento motivado por la pandemia del COVID-19, tuvo un «enfoque punitivo» y sin normas válidas, lo que derivó en una «masiva violación» a la libertad de los ciudadanos y a otros derechos.
El documento presentado el martes concluye que el abordaje estatal a la pandemia de la covid-19 entre marzo y septiembre se caracterizó por una «virtual ausencia» de normas válidas que «le dieran sustento a todas las restricciones impuestas a la ciudadanía».
Señala que esto quedó en evidencia mediante un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el estado de excepción dictado por el Congreso y «todas las normativas emitidas por el órgano Ejecutivo para regular la cuarentena y otras limitaciones a la libertad de la ciudadanía».
«La consecuencia de lo anterior fue la masiva violación de los derechos humanos a la libertad ambulatoria» y otros «atropellos» registrados por distintos organismos, señala el documento.
Apunta que estas supuestas violaciones se dieron en la cuarentena domiciliar obligatoria, centros de contención, «cercos sanitarios» encabezados por militares y policías, y mediante las «privaciones de libertad» de ciudadanos como «castigo» por supuestamente saltarse el confinamiento.
Añade que otra de las características del manejo de la pandemia del Gobierno de Nayib Bukele fue la «importante participación» del Ejército y de la Policía, que actuaron con «un elevado margen de discrecionalidad».
El informe da cuenta de que ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se presentaron al menos 1.337 denuncias, de las que 406 estaban relacionadas con el derecho a la libertad.
Además, esta institución atendió 50 casos de personas «trasladadas a lugares de potencial contagio», tres supuestas ejecuciones extrajudiciales y una «muerte dolosa o culposa en manos de funcionarios».
Para Saúl Baños, director de Fespad, durante el período estudiado fue «mucho más pronunciado» el retroceso en el respeto a los derechos humanos que, a su juicio, comenzó con la llegada de Bukele al Gobierno.
«Con la llegada del Gobierno en junio de 2019, se inició un proceso de regresión del cumplimiento de los derechos humanos de la población», que se expresó en «acciones lesivas», como despidos, incumplimiento del debido proceso y uso «excesivo» de la fuerza por agentes de seguridad, señaló el letrado.
Añadió que se dio un «desmontaje» de las instituciones que «venían intentando dar avance al cumplimiento de los derechos humanos en anteriores administraciones».
El letrado agregó que durante el confinamiento se dieron supuestos atropellos, cuya «lesividad es constitutiva de serias violaciones a los derechos humanos» y que en El Salvador «poco a poco se está naturalizando la regresión en el cumplimiento de los derechos humanos».
