Familiares de «inocentes» detenidos en los 19 meses que lleva el régimen de excepción impuesto por el gobierno, alegando el combate a pandillas criminales, pidieron el jueves la liberación de sus parientes, que aseguran no tienen nada que ver con las bandas delincuentes y temen sean llevados a juicios masivos en los próximos meses.
Mostrando fotos de sus hijos presos y con pancartas en la que pedían «Libertad para los inocentes» y «No más abuso, no más corrupción», familiares se manifestaron afuera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la que pidieron declarar inconstitucionales los juicios masivos aprobados por el Congreso para juzgar a los detenidos por el régimen de excepción.
Desde que el presidente Nayib Bukele puso en marcha el régimen de excepción, a finales de marzo del 2022, han sido detenidos 73,000 supuestos miembros de las llamadas «maras» o pandillas criminales.
El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, ha dicho que podrían ser incluidos hasta 900 supuestos miembros de una misma «mara» en un solo juicio. La fiscalía general pretende utilizar los mismos elementos de prueba para todas las personas incluidas en un juicio, ya sea porque estén ligadas entre sí, por sus nexos o por víctimas en común.
Pese a que no han iniciado, la indignación por la posibilidad de los juicios masivos se suma al cúmulo de denuncias de detenciones arbitrarias realizadas por organismos de derechos humanos durante el régimen de excepción.
La controversial medida, que suspende garantías como la privacidad de las comunicaciones, garantías al debido proceso y la extensión del plazo de detenciones, es avalada por la mayoría de los salvadoreños, pues ha reducido los homicidios y extorsiones, según varias encuestas.
El combate frontal de Bukele contra las pandillas le ha ayudado a mantener altos niveles de popularidad. El mandatario, de 42 años, buscará la reelección, a pesar de ser un acto inconstitucional, en los comicios de febrero del 2024, para los que es el favorito, según sondeos, pese a críticas de adversarios que esgrimen la prohibición constitucional que impide los mandatos consecutivos.
Para recluir a pandilleros y personas capturadas durante el régimen de excepción, el gobierno de Bukele construyó el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), edificado en siete meses e inaugurado por el mandatario en enero.
En la prisión, construida en una zona rural desolada a unos 70 kilómetros de San Salvador, están recluidos actualmente unos 12,000 miembros de las pandillas Mara Salvatrucha «MS-13» y su rival «Barrio 18», algunos de ellos condenados y otros en proceso judicial.
