El expresidente Mauricio Funes Cartagena (FMLN 2009-2014), refugiado en Nicaragua, fue condenado el lunes en ausencia a 14 años de prisión por haber facilitado una tregua con pandillas durante su mandato.
«El expresidente Mauricio Funes ha sido condenado a 14 años de cárcel y David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad, ha recibido una pena de 18 años de prisión», indicó la Fiscalía General de la República (FGR) en su cuenta de Twitter.
El exmandatario izquierdista recibió una sentencia de ocho años de cárcel por el delito de integrar agrupaciones ilícitas y otros seis años por el delito de incumplimiento de deberes por el Tribunal Especializado de Sentencia «C” de San Salvador.
“Condenase por el delito de agrupaciones ilícitas a ocho años de cárcel, y seis años años de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes”.
Juez Especializado de Sentencia C de San Salvador
Asimismo, el exministro Munguía Payés recibió ocho años de prisión por el delito de integrar agrupaciones ilícitas, otros seis años por incumplimiento de deberes, más cuatro años por actos arbitrarios, según explicó la FGR.
«Logramos comprobar que estos 2 ex funcionarios, quienes tenían la obligación de proteger a los salvadoreños, negociaron sus vidas a cambio de favores electorales, actuando como pandilleros», dijo en su cuenta de Twitter el fiscal general Rodolfo Delgado.
«Los exfuncionarios permitieron que las pandillas se fortalecieran económicamente y en territorio, a cambio de reducir el índice de homicidios entre el 2011 y 2013, para beneficiar al gobierno en turno y favorecerlo en las elecciones», indicó la FGR.
De acuerdo con el ministerio público, las exautoridades avalaron en 2012 negociaciones entre las pandillas Mara Salvatrucha y su rival Barrio 18 para reducir el número de homicidios en el país a cambio de beneficios económicos y carcelarios.
El actual ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, también celebró las condenas en su cuenta de Twitter. «Este Gobierno y Estado ya no es débil. Ahora, tiene la voluntad y la firmeza suficientes para impartir Justicia», afirmó.
En 2012 hubo una tregua con las pandillas que empujó a una baja en los homicidios y la misma contó con el auspicio de la Organización de Estados Americanos.
Funes, de 63 años, quien enfrenta otros procesos ante la justicia salvadoreña por supuestos actos de corrupción, se marchó a mediados de 2016 a Nicaragua, donde recibió asilo. Posteriormente, en julio de 2019, el gobierno de Daniel Ortega le concedió la nacionalidad nicaragüense.
La Fiscalía comenzó indagaciones sobre la tregua con pandillas en 2016 y en noviembre de 2022 un juzgado de San Salvador, a pedido de la Fiscalía, ordenó la detención del exmandatario por presuntos delitos relacionados a este caso.
La OEA auspició la tregua y en julio de 2012 visitó el país el entonces secretario general del organismo, José Miguel Insulza, quien presenció una entrega de viejas armas por parte de las pandillas.
Tras una reunión con Funes, Insulza aseguró que la OEA sería «garante» de la tregua, pero que ello no significaba legitimar a esas violentas agrupaciones.
Nunca se supo con certeza cuándo finalizó esa tregua. Al cabo de unos meses, los homicidios comenzaron a repuntar y en mayo de 2014 Funes dijo que la tregua había terminado meses antes, sin dar una fecha precisa.
El presidente Nayib Bukele lanzó en marzo de 2022 una «guerra» contra las pandillas que ejercían control territorial en buena parte del país, enviando a prisión a casi 69.000 presuntos pandilleros, en virtud de un régimen de excepción.
Tras conocer la condena en su contra, el exministro Munguía Payés aseguró que va a apelar la decisión judicial.
«Yo me considero un condenado político, solo por haber servido como ministro de Justicia y Seguridad en la administración del presidente Funes, me imputan una serie de acusaciones que no tienen fundamento», dijo a periodistas Munguía Payés mientras era mantenido esposado y custodiado por agentes penitenciarios.
Hasta el momento el expresidente Funes, quien suele comentar sobre aspectos de la política salvadoreña en su cuenta de Twitter, no se ha pronunciado sobre la condena en su contra.
Anteriormente, Funes ha dicho que se siente seguro en Nicaragua, pues no extradita a sus ciudadanos.
En noviembre de 2017, el exmandatario fue condenado por un tribunal civil a devolver más de 200.000 dólares, tras ser acusado por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito. Funes rechazó el fallo afirmando que se trataba de una «persecución política» en su contra.
Mientras, el gobierno del presidente Nayib Bukele, que según una acusación fiscal en Estados Unidos revelada en febrero también habría mantenido negociaciones clandestinas con esos grupos, impuso hace más de un año un estado de emergencia, del que ha resultado la detención de 68,720 supuestos pandilleros.
Según datos oficiales, 5,000 de ellos fueron liberados al descubrirse que no tenían lazos con las maras. Surgidas originalmente en Estados Unidos, las bandas de pandillas se extendieron en El Salvador en la década de 1990 y fueron declaradas «grupos terroristas» en 2015 por la Suprema Corte salvadoreña.
