El expresidente Alfredo Cristiani Burkard acusó a la Fiscalía de actuar con «mala fe» y «claro desprecio a la verdad» tras vincularlo con el asesinato de seis sacerdotes jesuitas –cinco de ellos españoles– y dos mujeres perpetrado por militares en 1989.
Según el Ministerio Público, que ha acusado a otras siete personas más, el exmandatario participó en la reunión en la que se coordinó y ordenó el operativo militar, tal y como han relatado varios testigos que la Fiscalía ha «criteriado», lo que ha supuesto para Cristiani y otros sospechosos acusaciones de homicidio o terrorismo, entre otros delitos.
«La verdad que nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinatos. Nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre (Ignacio) Ellacuría o a sus hermanos», respondió el exmandatario en un comunicado publicado este martes.
También negó cualquier posible «encubrimiento», alegando que «desde el primer momento» reclamó una investigación «objetiva» del ataque en la que incluso pidió apoyo a autoridades extranjeras, incluida la Policía española. «Mi posición como presidente en todo momento fue apoyar y exigir el esclarecimiento de la verdad», subraya.
En este sentido, señala que con Ellacuría siempre tuvo una relación de «mutuo respeto», ya que ambos compartían el objetivo de lograr la paz mediante el diálogo.
«Hablar de paz significó que la Fuerza Armada y hasta el mismo Gobierno se dividiera entre quienes queríamos propiciar un diálogo político y quiénes no. Algunos militares, así como algunos miembros de la dirigencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) no querían la paz y trataron de minar el proceso», añadió.
«PERSECUCIÓN JUDICIAL»
Cristiani explica que ha decidido romper su silencio porque el actual fiscal general, al que vincula con el Gobierno de Nayib Bukele, «ha pasado de la difamación y el acoso político mediático a una persecución judicial viciada de irregularidades, en su empeño por desacreditar y destruir la democracia y el legado de los acuerdos de paz».
De acuerdo al ex mandatario, el Ministerio Público «no busca ni justicia ni verdad», sino «perjudicar a quienes consideran un opositor político inconveniente». A juicio de Cristiani, actualmente «no hay garantías procesales en El Salvador», ya que considera que el sistema es «completamente servil» a los intereses de Bukele.
«La justicia ha dado paso al odio, a la venganza y a la persecución política de opositores y de personas que lucharon y luchan por la democracia y por la paz», lamenta.
«A lo largo de todos estos años siempre me he sometido a la justicia y siempre estaré dispuesto a rendir cuentas a la nación, a las víctimas y a la historia, pero no a un proceso judicial manipulado y sin garantías de independencia e imparcialidad», remachó.
EL CASO
La masacre tuvo lugar en el campus de la UCA de San Salvador, la capital del país. Entre las víctimas figura el ideólogo de la Teología de la Liberación, el español Ignacio Ellacuría, entonces rector de la UCA, con quien Cristiani sostuvo varias llamadas telefónicas previas a la masacre, según la investigación.
También murieron los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, además de los salvadoreños Joaquín López, Elba Ramos y su hija Celina. Todos ellos fueron asesinados en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador por militares del batallón Atlacatl del Ejército.
En septiembre de 1991, un tribunal juzgó a nueve militares que figuraban como autores materiales sin tener en cuenta a los autores intelectuales, según organismos humanitarios. El coronel Guillermo Alfredo Benavides fue declarado culpable de todos los asesinatos y el teniente Yusshy René Mendoza fue responsabilizado de la muerte de la menor Celina.
El caso se reabrió en enero de 2022 para juzgar a los presuntos autores intelectuales. La guerra civil terminó el 16 de enero de 1992 con la firma de acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. El conflicto dejó más de 75.000 muertos, 7.000 desaparecidos y pérdidas millonarias en la economía.
El caso también ha tenido su recorrido judicial en España y en septiembre de 2020 la Audiencia Nacional condenó a 133 años de cárcel al coronel Inocente Orlando Montano Morales.
