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Exdiputado Silva, deportado de EE.UU., enfrenta a la justicia salvadoreña por lavado

El exdiputado suplente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, deportado el miércoles de Estados Unidos, Roberto Carlos Silva Pereira, fue notificado oficialmente del proceso penal en su contra por el supuesto lavado de 14 millones de dólares.

Silva Pereira, exmiembro del Partido de Conciliación Nacional (PCN), llegó a El Salvador en un vuelo con más de 100 salvadoreños deportados cerca de las 3 de la tarde al aeropuerto internacional de Comalapa.

Silva fue capturado por representantes de la Interpol al llegar al país.

Los agentes trasladaron al exlegislador a la capital para ficharlo y posteriormente lo llevaron hasta la sede de la Cámara Primera de lo Penal, que lleva una causa en su contra desde el año 2007.

Dicha corte colegiada lo dejó bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC).

Un portavoz de la Fiscalía dijo a periodistas que hasta el jueves se tendrá la información sobre la resolución del tribunal y confirmó que Silva Pereira seguirá «bajo resguardo policial».

El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró en su cuenta de Twitter que el ex diputado suplente «tiene un alto grado de peligro de fuga o de que atenten contra su vida para silenciarlo, por lo que será resguardado en el penal de máxima seguridad».

No obstante, su traslado a dicha prisión no ha sido confirmado por las autoridades de seguridad.

El imputado, quien había solicitado asilo político en Estados Unidos, es señalado de negociaciones ilícitas y de otorgar sobornos a funcionarios municipales de El Salvador para que le adjudicaran obras de construcción a empresas de su propiedad.

Desde su arresto el 5 de octubre del 2007 por parte de agentes del FBI en el sur de California, Silva Pereira inició una lucha que duró más de 12 años para evitar su deportación a El Salvador.

Alcanzó a recibir un fallo a su favor en su petición de asilo político en EE.UU. Sin embargo, un juez de inmigración revocó la decisión tras una apelación presentada por los fiscales de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El fallo final declaró inadmisible a Silva para obtener el asilo político, por lo que optó por ampararse bajo la Convención contra la Tortura y pidió ser enviado a Nicaragua argumentando que en El Salvador «sería asesinado en la cárcel».

En 28 de agosto de 2019, el panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Seattle, en el estado de Washington, negó la solicitud de Silva.

El Congreso salvadoreño retiró la inmunidad legislativa a Silva Pereira en noviembre de 2006, luego de ser vinculado a este escándalo de corrupción.

Por otra parte, la Fiscalía de Guatemala vinculó en 2009 a Silva Pereira en el asesinato en ese país de tres diputados de El Salvador al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su chófer, hecho ocurrido en febrero de 2007.

El móvil del crimen, según el Ministerio Público guatemalteco, habría sido «una venganza» de parte de Silva en contra de los parlamentarios del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), por haber aprobado en noviembre de 2006 que le retiraran su inmunidad legislativa.

El 19 de febrero de 2007, los cadáveres calcinados de los diputados al Parlacen, Eduardo d’Aubuisson, José Ramón González y William Pichinte, así como su chófer Gerardo Napoleón Ramírez fueron hallados en una comunidad rural del este de Guatemala.

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