Un informe de Seattle International Foundation (SIF) asegura que las miles de capturas arbitrarias y sistemáticas que han sufrido personas en El Salvador por el régimen de excepción y sin motivo aparente, podrían incurrir en crímenes de lesa humanidad y que deberían investigarse.
“De corroborarse que se han cometido detenciones arbitrarias de manera generalizada y sistemática en el marco del estado de excepción, estos delitos podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El Gobierno de El Salvador, bajo el mando de Nayib Bukele que gobernará los próximos cinco años, no solo es un violador de derechos humanos, sino también un Gobierno que pueda estar cometiendo crímenes de lesa humanidad”. indicó la SIF.
De acuerdo a la información recabada para el informe, el análisis demostró que la desproporcionalidad entre las capturas de los supuestos pandilleros, que son 12,500 y 1,100 de sus líderes, en comparación con las 75,000 capturas de civiles reportada a la fecha de finalización de dicho documento, consideran que “las cifras reflejan que están deteniendo a población civil sin justificación o motivo y, peor aún, sin investigación previa”.
El informe también menciona a la Corte Penal Internacional (CPI) ,que menciona al delito de persecución, donde existe la “discriminación de hecho”, que es cuando la víctima es atacada por su agresor, solo por pertenecer a un grupo definido por motivos políticos, religioso o raciales. En el caso de El Salvador podría interpretarse que es contra personas que podrían percibirse como “obstáculos para un programa político concreto, esto incluye a los opositores políticos o las personas asociadas a un grupo político rival”, indica la SFI.
Además, registraron de acuerdo a datos de organizaciones del país, que hay 327 denuncias de desaparición forzada y 244 personas que murieron bajo la custodia del Estado.
“Esto plantea un serio problema. Además de vulnerar los derechos de las personas, aumenta el riesgo de que se incremente el número de conductas criminales como la tortura y desaparición forzada”, enfatizaron.
El informe también señala que las autoridades que están trabajando en el plan de seguridad “Cero tolerancia”, que ha dado como resultado encarcelamientos masivos, juicios sumarios, cientos de muertes en custodia, torturas y malos tratos, debe analizarse “la posibilidad de que las autoridades estén cometiendo delitos en el desarrollo de esta política”. Y evaluar si este tipo de hechos se configuran como crímenes de lesa humanidad.
“Plantear esta nueva visión ayudará a entender el nivel de cooptación del Estado por parte del Gobierno que mina la posibilidad de que la jurisdicción interna realice sus investigaciones y sancione a los responsables de los abusos y crímenes ocurridos”, aseveró el estudio.
Otro análisis fueron las 24 reformas aprobadas desde que inició el régimen de excepción, en donde retoman lo dicho por otros sectores que han condenado el uso discriminatorio en grupos de personas que las autoridades perciben como “pertenecientes a pandillas o que se reúnen con la finalidad de cometer actos terroristas”. Aseguran que “criminalizan al autor y no al hecho delictivo o al delito cometido”.
Dejan claro que estas reformas han fortalecido las actividades de las instituciones como la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. Ponen como ejemplo las tres reformas emitidas el 29 de noviembre de 2022, Reformas a la ley especial para la intervención de telecomunicaciones, la reforma a la Ley Penal Juvenil y a la Ley de Crimen Organizado, y el decreto 547, solo “hacen vagamente referencia a las estadísticas sobre el incremento de actividades criminales cometidas por poblaciones juveniles, no precisa datos cuantitativos ni las causas estructurales del incremento de esa referencia”.
Recalcan, que “al no ser objetiva, la afirmación tiene apariencia de sesgo discriminatorio” solo por pertenecer a un barrio de pandillas, lo cual podría calificarse como “falacia o categoría sospechosa”.
Preocupa particularmente que las reformas legales implementadas por el Gobierno de Bukele han derivado en la consolidación del poder de la persecución penal en manos del Ejecutivo y en la ausencia de contrapesos institucionales independientes frente a un aparato de justicia que se muestra omiso al investigar y juzgar delitos presuntamente cometidos por sus propios agentes. Ante este escenario, se levantan interrogantes sobre la existencia de una situación generalizada o sistemática de abusos cometidos en el marco de la ejecución de esta política estatal, aseguraron.
Con información de GDA El Salvador/La Prensa Gráfica
