El viernes 2 de enero trascendió que la Interpol en España detuvo al salvadoreño Diego Rosales, presuntamente perseguido político del Gobierno salvadoreño a través de la justicia del país, mientras solicitaba «asilo político» en el país ibérico.
El presidente Nayib Bukele cuestionó la manera en que esta situación se estaba desarrollando continuándo con sus ataques contra la prensa no oficialista. “El nuevo fuero es ser ‘periodista’. El fuero político está desprestigiado y carece de validez internacional, pero basta con autodenominarse periodista para obtener impunidad total”, expresó el jefe de Estado.
Rosales enfrenta acusaciones del la administración Bukele por supuestos delitos que incluyen agrupaciones ilícitas, hurto informático y tráfico de bitcoins. El sistema judicial salvadoreño, al enterarse que no enfrentaría el proceso de manera personal por encontrarse fuera de El Salvador, activó de manera expedita una alerta roja en la Interpol. Cuando las autoridades notaron esta alerta, lo detuvieron en Sevilla, donde tramitaba una solicitud de asilo y pasaron el caso a la Audiencia Española, que decidió liberarlo y proceder con su msolicitud de asilo.
Bukele retomó un caso similar que se dio en 2024, cuando la Audiencia Nacional española determinó blindar al pandillero Mario Alberto R.S., para que así no regresara a pagar por supuestos crímenes en El Salvador.
“A las autoridades españolas les gusta darle protección a los delincuentes. Por nosotros, no hay ningún problema: nos ahorran el costo de tenerlos acá. Pero qué lástima por el pueblo español, que luego tendrá que pagar el precio de llenar su sociedad de criminales”, manifestó el presidente Bukele.
Antes de la publicación de Bukele, organizaciones como la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Red Centroamericana de Periodistas (RCP) respaldaron a Rosales y pidieron detener el «hostigamiento judicial«.
La APES indicó en un comunicado que «ha seguido de cerca el caso del periodista salvadoreño Diego Andrés Rosa Rosales, quien ha sido sometido a acoso policial, amenazas y un proceso judicial infundado por ‘agrupaciones ilícitas‘ y ‘hurto informático’ bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022″.
La RCP, por su parte, pidió a la Justicia de España a «frenar la persecución impulsada por el Estado salvadoreño contra el periodista y ordenar su inmediata liberación«, además de solicitar al Estado español otorgar el asilo.
Fuentes judiciales han indicado a periodistas que no constaba en la petición internacional de detención que Rosales fuera periodista.
De acuerdo con las organizaciones citadas, cerca de medio centenar de periodistas han tenido que salir de El Salvador para resguardar su seguridad.
