El Gobierno de El Salvador y el Poder Legislativo intentan (ante una orden del Supremo), limar asperezas. Tras varias semanas de confrontaciones por las normativas que rigen la cuarentena motivada por la pandemia de COVID-19, el Ejecutivo de Nayib Bukele convocó el sábado a una reunión a los diputados para conciliar un proyecto de ley de emergencia.
A la reunión, celebrada en la Casa Presidencial, únicamente asistieron una veintena de legisladores, los del oficialismo de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), PDC, PCN, CD y el diputado independiente Leonardo Bonilla; y siete diputados de la opositora ARENA, entre ellos tres que han sido considerados por su partido como traidores, Milena Mayorga, Gustavo Escalante y Felissa Cristales, que en esta ocasión fueron acuerpados por David Reyes, Marcela Villatoro, José Andrés Hernández y Josué Godoy. La reunión no contó con la participación del presidente Nayib Bukele.
«No tienen que estar de acuerdo, ni siquiera tienen que analizar toda la propuesta hoy. Solo se les pide empezar a dialogar ahora, para llegar a un acuerdo pronto», publicó en su cuenta de Twitter el mandatario salvadoreño. En la misma cuenta no explicó el porqué de su ausencia a la convocatoria.
La reunión fue convocada después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reviviera la noche del viernes, aunque solo por el plazo de una semana, una ley de emergencia nacional que venció el pasado 16 de mayo ante el vacío legal generado por los conflictos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Los diputados se negaron a prorrogar la ley, debido a una serie de atropellos constitucionales a la ciudadanía por parte del Gobierno, y aprobaron una normativa para mantener medidas sanitarias y reabrir la economía en 120 días. Sin embargo Bukele, sin haber leído el proyecto de normativa y solo porque no fue escrita por su equipo jurídico dijo que la vetaría.
Para mantener el confinamiento forzoso de la población, el Gobierno emitió dos decretos de estado de emergencia tras prescindir de la Asamblea Legislativa, amparado en una ley que según los asesores del presidente se lo permite cuando los diputados no «pueden» reunirse.
No obstante, los magistrados constitucionales suspendieron dichos decretos al acoger un proceso de inconstitucionalidad en el que determinarán si el Gobierno de Bukele ejerció funciones propias de los diputados sin justificación. Mientras, ordenó a la Presidencia dejar de emitir decretos «sin ton ni son», invadiendo una función que corresponde a los legisladores.
Pese a que asistieron diputados de casi todos los partidos con representación en el Congreso, la reunión no contó con líderes de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) ni con algún miembro del Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN). Ambos partidos concentran la mayoría absoluta de los legisladores, por lo que están en la capacidad (y disposición) de vetar cualquier ley emitida por el Ejecutivo.
Durante la reunión, los diputados y los asesores jurídicos de Bukele comenzaron a discutir una propuesta de ley de emergencia, cuarentena y reactivación económica planteada por el Ejecutivo.
A juicio del diputado David Reyes, uno de los pocos de ARENA asistentes, la propuesta gubernamental es muy similar a la aprobada por el Congreso y que Bukele anunció que vetará.
El secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, dijo a periodistas: «No hemos logrado sentarnos todos con la fracción de ARENA y el FMLN para hablar y enriquecer el proyecto final”.
El Congreso invita al presidente Bukele al Palacio Legislativo
El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, envió una carta al presidente Bukele, en la que lo invitó a una reunión el lunes para «perfeccionar la ley que sea de mayor beneficio para nuestro país».
Bukele respondió desde su cuenta de Twitter aceptando la invitación, con la indicación de que «el Gobierno asistirá» pero sin confirmar si él encabezará las negociaciones.
La última ocasión que Nayib Bukele estuvo en el Congreso salvadoreño fue cuando usurpó la silla del presidente del Poder Legislativo, acompañado de docenas de policías y soldados armados con armas largas, el pasado 9 de febrero.
Desde entonces, Nayib y sus más cercanos amigos, que también son funcionarios de su Gobierno, han mantenido un discurso en el que acusan a los diputados de ser «diputaras», «asesinos», «ladrones» y cualquier otro peyorativo cargado de ofensas y desdén.
Por su parte, los diputados, claramente ofendidos, han inferido que Bukele es tan solo «un aprendiz de dictador», un «dictador en potencia» y un «abusivo».
«Les exhortamos a empezar a dialogar ahora, continuamos mañana y así el lunes tendremos algo más concreto y avanzado. La pandemia no espera. No perdamos más tiempo», expresó el mandatario en redes sociales.
El Gobierno y Congreso de El Salvador tienen hasta el próximo viernes, 29 de mayo, para emitir una nueva ley de emergencia, dado que en esa fecha vence el plazo dado por la Corte Suprema.
El lunes se conocerá «si Mahoma no va a la montaña, ¿Irá la montaña a Mahoma»
El Salvador es una República democrática y representativa. El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo ante el gobierno. Consecuentemente, la existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno consignados en la carta magna.
Los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les otorga la ley. Los órganos fundamentales son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Teniendo cada uno sus funciones definidas, y siendo sus decisiones independientes uno del otro.
