El Juzgado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para La Mujer decretó el miércoles prisión para 8 personas, entre ellas 6 expolicías de elite, por su vinculación con el feminicidio de la agente Carla Ayala.
Asimismo, los condenados tendrán que pagar $14,000 en concepto de responsabilidad civil a la familia de la policía.
Ayala fue atacada durante una fiesta navideña que se llevó a cabo el 29 de diciembre de 2017 en San Salvador y luego el exagente de elite Juan Josué Castillo, conocido como «Samurai», principal sospechoso del crimen y quien es prófugo de la justicia, se la llevó hasta la zona oriental del país. El cuerpo de la víctima fue localizado en septiembre de 2018 en una fosa en un terrero que pertenece a la familia de Castillo.
Dos agentes que se dirigían con Samurai no evitaron la acción y lo dejaron escapar, configurándose el delito de feminicidio en comisión por omisión; así también, los demás miembros de la delegación a la que llegaron aún con el cuerpo de la víctima en el pick up, quienes no capturaron al feminicida.
El Juzgado informó sobre la resolución del juicio que finalizó el pasado 14 de octubre.
Los expolicías del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) fueron sentenciados a penas de entre 4 y 8 años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes y a dos se les agregó el cargo de feminicidio agravado en comisión por omisión.
Se trata de los exagentes Ovidio Antonio Pacheco Morales y Wilfredo Deras Hernández, quienes recibieron 7 años de cárcel cada uno.
La corte especializada también condenó a los ciudadanos José Atilio Jiménez Quintanilla a 6 meses de cárcel y a Edgardo Alonso Chavarría Castillo a 3 años de prisión por encubrimiento. Fueron absueltos otros 3 particulares y 2 expolicías, de acuerdo con la sentencia.
Todos los sentenciados también deberán entregar a la familia de la víctima entre 1.000 y 3.000 dólares en concepto de responsabilidad civil.
El abogado español Arnau Baulenas, querellante en el proceso penal, señaló a periodistas que «el caso de Carla es un ejemplo de la violencia que sufren las agentes policiales dentro de la corporación».
«No es un caso aislado ni un evento esporádico. Estamos ante una situación de violencia institucional. Ojalá el director de la Policía (Mauricio Arriaza Chicas) cumpla con la sentencia y pida perdón», dijo.
El letrado indicó que el juzgado estableció medidas de reparación que tendrá que asumir la Policía Nacional Civil (PNC), entre ellas brindar asistencia psicológica a los familiares, continuar con la ayuda que se brinda a los hijos de la víctima y otorgarles becas para que continúen sus estudios.
Añadió que como medida de indemnización la corporación policial debe entregar a la familia de Ayala 10.000 dólares.
Este crimen llevó a las autoridades disolver el GRP y a lanzar el 14 de febrero de 2018 la Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP), conocidos como «Jaguares».
