El estado de excepción instalado en El Salvador para frenar una ola de violencia hace más de un año se acabó por replicar en la vecina Honduras, incluida la suspensión de garantías constitucionales que acompaña a esta medida.
Después de que cientos de opositores en Nicaragua pasaran años encarcelados, en Guatemala se comenzó a perseguir y detener a jueces, activistas y periodistas independientes que, en muchos casos, acabaron por exiliarse fuera del país.
Es el caso de Claudia Paz y Paz, quien en su momento fue la primera mujer en ocupar el cargo de fiscal general en Guatemala.
Ella, como otros muchos expertos, alerta de la peligrosa tendencia hacia un mayor autoritarismo que están tomando muchos gobiernos de Centroamérica, una región donde las guerras civiles y gobiernos militares están aún muy recientes.
Reconocida activista y referente en el área, Paz y Paz trabajó durante más de 25 años por el fortalecimiento de la justicia y derechos humanos en su país, lo que le valió ser candidata a recibir el premio Nobel de la Paz en 2013.
Después formaría parte de los Grupos Interdisciplinarios de Expertos Independientes de Ayotzinapa (México) y de Nicaragua, tras el estallido de la crisis social y política en 2018.
En esta entrevista con BBC Mundo, la actual directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) apunta a que la salud de la democracia centroamericana está pasando por un momento crítico ante la indiferencia generalizada de la comunidad internacional.
¿Cómo analiza la situación en los países de Centroamérica en materia de respeto a las instituciones democráticas y a los derechos humanos por parte de sus gobiernos?
Sin duda, en Centroamérica asistimos a un resurgir del autoritarismo en los últimos años y las tendencias son claramente contrarias al fortalecimiento del Estado de Derecho o la vigencia de los derechos humanos.
Claramente, en la mayoría de países se han vivido esfuerzos para someter al Poder Judicial y a la independencia de poderes.
¿Cuáles son los ejemplos más claros de esa tendencia?
Son muchos. En El Salvador empezó con la destitución arbitraria del fiscal general y la Sala de lo Constitucional, y ahora lo vemos en el actual estado de excepción con detenciones ilegales y personas que han muerto privadas de libertad.
En Guatemala se ha vivido una clarísima criminalización y persecución de jueces, fiscales y periodistas independientes. Y ahora que estamos acercándonos a las elecciones de junio, hemos visto la supresión de candidatos como pasó en los últimos comicios de Nicaragua.
Ahí, en Nicaragua, lo que ocurrió fue una cooptación sistemática de la institucionalidad y el sometimiento de los otros poderes del Estado hasta la consolidación del actual régimen dictatorial que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Pero esto ocurrió durante muchos años, aunque la comunidad internacional no despertó hasta la crisis de abril de 2018 por la masividad y brutalidad de la violencia policial.
Y en Honduras, donde el discurso del actual gobierno es bastante más respetuoso de los derechos humanos, se ha adoptado también el estado de excepción como una salida fácil… pero definitivamente no es la respuesta efectiva para reducir la inseguridad porque no es sostenible.
Y tampoco está libre de ataques contra personas defensoras de derechos humanos.
¿Y a qué se debe este resurgir del autoritarismo?
Pese a que tras las guerras civiles que se vivieron en varios de estos países se firmaron acuerdos de paz, hubo deudas históricas que nunca se abordaron como la exclusión, el racismo… y eso fue provocando una erosión en la confianza en la democracia.
Esos acuerdos no lograron que se cristalizaran las promesas transformadoras que contemplaban, sobre todo las socioeconómicas.
Eso hace que, a día de hoy, gobiernos como el de (Nayib) Bukele en El Salvador goce con un respaldo popular tan alto pese a que viola abiertamente los derechos humanos y la libertad de expresión.
La corrupción es un lastre endémico unido históricamente a muchos gobiernos de estos países. ¿Es otro de los factores que favorecen esta tendencia autoritaria?
Sí, definitivamente. En Centroamérica, la apuesta por llegar al Estado no es para servir a los ciudadanos, sino para servirse de los dineros estatales.
Hemos visto muchos ejemplos de financiamiento electoral ilícito, acuerdos de gobiernos con partes de la sociedad para lograr contratos públicos…
Detrás del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres había toda una trama de corrupción de familias poderosas, pero también de funcionarios corruptos.
Y el caso de Nicaragua es extremadamente evidente porque vemos cómo se enriquece la familia del presidente y su esposa, la vicepresidenta.
Y frente a esta situación, ¿qué papel está jugando la comunidad internacional? ¿Cree que le están dando la importancia debida?
Veo la excepción con la brutalidad del régimen de Nicaragua, que es un abierto y descarado sistema de régimen de violación de derechos humanos, y que sí fue denunciado desde Estados Unidos y desde varios países de Europa y América Latina.
Pero esa misma contundencia no la vemos frente a lo que está pasando en El Salvador y mucho menos en Guatemala.
Y creo que es urgente que la comunidad internacional vea al autoritarismo en estos países de Centroamérica como un problema regional, porque incluso en otros como Costa Rica ya se habla de si sería bueno emular el estado de excepción de Bukele, que vulnera absolutamente todas las garantías en El Salvador, y que ya fue emulado también en Honduras.
¿A qué se deben esas diferencias de tratamiento hacia uno u otro país?
Creo que, tristemente, desde Estados Unidos privilegian el tema migratorio. Entonces, mientras Guatemala por ejemplo cumpla con su misión de frenar la movilidad humana, parte del gobierno estadounidense está satisfecho.
En cuanto a Europa, creo que la guerra en Ucrania ha hecho que se tomen prioridades sobre temas más cercanos geográficamente a sus países.
Aunque sin duda, creo que lo que ocurre en Centroamérica como las próximas elecciones en Guatemala también termina afectando tanto a Estados Unidos como a Europa.
Sobre Estados Unidos, que históricamente denominó a Centroamérica como su «patio trasero», ¿hay cambios en la relación con el actual gobierno de Joe Biden?
Bueno, Donald Trump claramente abrazó a los presidentes corruptos de Centroamérica por privilegiar temas migratorios.
Ese viraje en la política exterior estadounidense facilitó, por ejemplo, la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Eso fue muy evidente.
Creo que aunque en el gobierno de Biden hay voces que censuran la corrupción e impunidad y quieren fortalecer las partes democráticas de estos países, hay otras acciones que son muy contradictorias.
Por ejemplo, la firma de acuerdos sobre ayuda militar, o el no condenar abiertamente a personas vinculadas a casos de corrupción, o la persecución de funcionarios honestos.
¿Son hoy los gobiernos y sistemas de Centroamérica incapaces de garantizar justicia y respeto a los derechos humanos en sus países por sí solos? ¿Cuál es la fórmula para que un apoyo internacional no se vea como una injerencia a la soberanía nacional?
En este momento, los poderes judiciales de Nicaragua, El Salvador y Guatemala están absolutamente sometidos al Ejecutivo y se usan más para criminalizar a periodistas independientes y activistas que para proteger los derechos humanos.
Creo que hay que apostar por apoyar a la sociedad civil, a las fuerzas democráticas, a la prensa independiente que todavía está en los países o que tristemente está actuando desde el exilio.
Y también considero que es importante lo que se ha hecho con sanciones individuales, tanto de Estados Unidos como de Europa, a personas que se benefician de la corrupción o han participado en graves violaciones de derechos humanos.
Es importante que haya una consecuencia frente a un actuar autoritario o descaradamente en contra del Estado.
Pero estas sanciones e inclusión de funcionarios corruptos en listas públicas parecen no tener mucho efecto en estos gobiernos. A veces la misma impresión da con sentencias o recomendaciones de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sí parece que gobiernos como el de Nicaragua está en franco desacato de las resoluciones de la Corte. Ni siquiera contestan.
Pero aunque pareciera que no tiene efectos, recordemos la liberación de 222 presos políticos en Nicaragua en febrero, que había sido ordenada por la Corte en reiteradas ocasiones.
No digo que fuera solo esta orden la que lo provocó, también hubo muchísima presión internacional. Pero sí creo que tienen un efecto las voces internacionales en estos regímenes, por más antidemocráticos que estén siendo sus rumbos.
Usted misma mencionaba cómo en algunos países de América Latina se comienza a ver como un modelo el actuar de presidentes centroamericanos como Bukele. ¿Cree que hay riesgo de que ese autoritarismo se extienda al resto de la región?
¡Espero que no! Ojalá no se extienda a otros países de la región donde, desafortunadamente, sus democracias son sumamente frágiles. Espero que no se padezcan estos mismos problemas en otros países.
Costa Rica y Panamá, en cambio, parecen ir al margen en este asunto pese a formar parte de la misma Centroamérica. ¿Es tan así, o hay también signos de preocupación en cuanto a tendencias autoritarias que se nos pasan por alto?
Más te puedo hablar de Costa Rica. Y aunque la institucionalidad aquí es bastante más sólida que el resto de países, sí preocupan, por ejemplo, los ataques hacia la prensa desde el Ejecutivo costarricense.
Pero hay que remarcar que el Congreso cumple su función contralora, el Poder Judicial actúa de manera independiente…. O sea, aquí sí hay institucionalidad.
¿Cuál sería el principal reclamo que haría a los gobiernos centroamericanos para frenar esta tendencia al autoritarismo?
Más que a ellos, creo que lo importante es hacer un llamado a la comunidad internacional, que no debería quitar sus ojos de Centroamérica porque desafortunadamente se está viviendo esta regresión autoritaria.
Y que haga sus apuestas a favor de las fuerzas democráticas que existen hoy en los países, o aún en los países o desde el exilio.
Con información de la BBC
