El salvadoreño Kilmar Abrego García fue liberado el viernes de una cárcel en Tennessee (EE.UU) a la espera de que se desarrolle un juicio por cargos federales de tráfico de personas y un proceso de deportación, después que el Gobierno del presidente Donald Trump se viera obligado a que volviese desde El Salvador a EE.UU, informaron sus abogados.
Abrego García, fue deportado erróneamente a la temible cárcel del CECOT su país en marzo y fue devuelto a Estados Unidos desde su país en junio. El salvadoreño volverá a su domicilio en el Estado de Maryland, a la espera de la celebración del juicio contra él por cargos de tráfico de migrantes irregulares.
Abrego, de 30 años, fue deportado pese a que una orden judicial en 2019 prohibía enviarle de regreso a su país, dado que allí se arriesgaba a represalias de las pandillas delictivas. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes presentaron su caso ante los tribunales, y un representante del Departamento de Justicia reconoció que se había cometido un error al expulsarle a El Salvador. Un juez ordenó al Gobierno estadounidense que lo trajera de regreso.
Durante meses, su caso se convirtió en una piedra de toque de la política migratoria de la Administración republicana. La oposición demócrata, y las organizaciones pro migrantes, exigieron su regreso, pero el Gobierno, aparentemente, no hizo esfuerzos visibles por obtener su vuelta. Primero aseguró que el salvadoreño era un delincuente peligroso, miembro de la mara Salvatrucha (MS-13). Después, que era un maltratador. Luego, que había participado en el transporte de migrantes irregulares.
Finalmente, en junio Abrego regresó a Estados Unidos para quedar imputado como supuesto responsable del transporte de migrantes irregulares dentro del país, algo de lo que él se ha declarado inocente.
Los abogados de Abrego habían reclamado a los jueces la puesta en libertad de su cliente con el argumento de que los fiscales habían presentado los cargos contra él como represalia por haber presentado una demanda contra su deportación errónea. El mes pasado, la jueza Waverly Crenshaw confirmó la orden emitida por la magistrada de un tribunal inferior, Barbara Holmes, de liberar al salvadoreño mientras esperaba su juicio. Crenshaw y Holmes determinaron que el inmigrante no representaba un peligro para la comunidad ni había riesgo de que se diera a la fuga.
No obstante, la jueza Holmes decidió retrasar la puesta en libertad a petición de los abogados de Abrego, que temían que una vez que su cliente saliera a la calle pudiera ser arrestado por los agentes del ICE, la agencia responsable de hacer cumplir las leyes fronterizas, y ser entonces deportado a otro país que no fuera El Salvador.
Desde entonces una tercera jueza, Paula Xinis, en Maryland, ha ordenado que el Gobierno estadounidense dé un aviso de tres días a Abrego si planea deportarle, para que él tenga la oportunidad de recurrir esa decisión. Xinis es la magistrada al cargo del caso civil en el que el inmigrante ha demandado a la Administración por expulsarle a El Salvador.
