Grupos antimotines de la Policía Nacional Civil de Guatemala debieron enfrentar a cientos de manifestantes para lograr la salida de diputados que estuvieron unas siete horas encerrados en el Congreso, en el marco de la crisis política que atraviesa el país por los repetidos casos de corrupción que denuncia la prensa y han llevado a un movimiento social a convocar a una huelga para el miércoles próximo.
Miles de manifestantes protestaron desde la mañana en la capital guatemalteca en una jornada maratoniana que terminó con la evacuación de los congresistas por parte de unos 200 policías, que tiraron gases contra quienes protestaban.
El ministro del Interior, Francisco Rivas, confirmó el operativo y detalló que legisladores, personal administrativo y periodistas fueron llevados a la sede de la Comisaría Central.
Rivas explicó que la protesta había sido «pacífica», pero el hecho de que los manifestantes no permitieran la salida de los diputados, a quienes pedían su renuncia, obligó a la evacuación.
La masiva movilización tuvo su origen el miércoles, cuando los legisladores aprobaron dos reformas al Código Penal -una para ablandar la financiación electoral ilícita y otra para ampliar la conmutación de penas-, lo que generó las reaccciones populares.
Pese a que el Tribunal Constitucional amparó al Procurador de Derechos Humanos y otras entidades que presentaron acciones legales contra la reforma, y que el Congreso sesionó ayer para dar marcha atrás con lo actuado, los manifestantes reclamaban la renuncia de los legisladores.
Aún cuando la votación había terminado con 130 votos a favor de no aprobar los decretos, los manifestantes que estaban frente al Palacio Nacional de la Cultura (entidad de gobierno), bloquearon cada entrada y salida del Palacio Legislativo y sus anexos.
Los diputados tuvieron que quedarse hasta que oscureció y más tarde, preocupados por su integridad, ingresaron al hemiciclo a oscuras.
Algunos conservadores, como Carlos Zachrisson, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), aseguraban que los manifestantes eran «violentos» o una «turba», y otros, como Patricia Sandoval, del gobernante Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), se decían secuestrados.
Otras bancadas, en cambio, asumían el error y preferían escuchar la molestia popular, como la líder de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, la feminista Sandra Morán, de Convergencia, y la congresista Andrea Villagrán, la única que salió por una de las puertas caminando y no fue reconocida por la gente.
Los agentes antimotines despejaron con gases lacrimógenos a los manifestantes por la entrada principal del Palacio Legislativo y llevaron autobuses y camiones para sacar a los 129 diputados restantes.
En una entrevista con Emisoras Unidas, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Nery Ramos, justificó la intervinieron con gases en el hecho de que en los grupos había personas ebrias e infiltradas.
Además, Ramos dijo que ya al mediodía notaron que los manifestantes eran un riesgo para los diputados. Durante su salida del Congreso de la República, algunos de los diputados hicieron gestos obscenos a los manifestantes que se encontraban frente al Legislativo.
Tras estas horas agitadas, el movimiento social «Justicia Ya», que surgió en 2015 a raíz de las denuncias de corrupción durante el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), preso y procesado por ese delito, convocó hoy a un paro nacional en Guatemala para el próximo 20 de septiembre.
En un comunicado, la organización dijo que el momento actual «es una oportunidad para transformar el país». «No vamos a ceder estos espacios ni a dejarnos llevar por la desinformación», agregó.
«Tenemos derecho a insistir en la esperanza de un futuro mejor, por lo que este miércoles 20 de septiembre iremos a un paro nacional», anunció.
«Justicia Ya» denunció que en la manifestación del viernes en las afueras del Congreso «hubo infiltrados de las mafias que han cooptado al Estado para deslegitimar la protesta ciudadana».
