Diputados asignan fondos para el Fomilenio II, alcaldías, hospital El Salvador y veteranos, la Presidencia amenaza con otro veto

Con los votos de ARENA, FMLN y PDC, la Comisión de Hacienda acordó el miércoles elaborar un dictamen favorable de asignación presupuestaria de $197 millones de los $250 millones del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). $55 millones para la contrapartida salvadoreña del Fondo del Milenio II (Fomilenio II), además se incluyeron fondos para las alcaldías, para el pago de varias cuotas no pagadas por el Gobierno a los veteranos del pasado conflicto armado y salarios para el hospital El Salvador.
Los fondos fueron distribuidos de la siguiente manera:
Financiamiento a gobiernos municipales: $75 millones.
Financiamiento de contrapartida Fomilenio: $55 millones.
Hospital El Salvador: $15,401,355.
Atención de beneficios de veteranos y excombatientes: $52 millones.
Los diputados dejaron fuera del voto el Fondo de Mitigación y Prevención de Desastres con $20 millones; financiamiento a productores agrícolas por $40 millones; otros $15 millones para el Hospital El Salvador y $18 millones para el
Financiamiento para atender la emergencia, reconstrucción y recuperación económica. Con el argumento de la poca transparencia del Ejecutivo de Nayib Bukele en el destino de esos fondos.
Por su parte, el Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro, aseguró que el decreto de asignación presupuestaria parcial de los $250 millones del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) será vetado por el Presidente Nayib Bukele, «no se pueden acompañar ilegalidades, no se pueden acompañar este tipo de cosas que se acaban de hacer», dijo a periodistas.
El funcionario se mostró sumamente molesto por el aumento de $12 millones a $52 millones para las pensiones de veteranos y excombatientes de guerra.
Si el Ejecutivo veta la asignación de los $55 millones como contrapartida que el Gobierno dejó fuera del Presupuesto General de la Nación 2020 para el Fomilenio II, el paquete de ayuda se podría perder, quedando el Estado salvadoreño obligado a devolver el 100 % de los fondos donados por el pueblo de los Estados Unidos.