La deuda del Estado salvadoreño con los fondos privados de pensiones, alimentados por los trabajadores, se elevó en tan solo un mes en más de 46 millones para superar los 10,572 millones de dólares en total, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
Las cifras oficiales, que el BCR retoma del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), indican que la deuda pasó de 10,525.96 millones en diciembre de 2024 a 10,572.40 en enero de 2025, una diferencia al alza de 46.44 millones.
Estos recursos, que el Gobierno utiliza a su criterio, se obtienen mediante unos títulos valores que emite el ISP y que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) están obligadas a tomar.
Este instrumento, llamado Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), suman desde abril de 2023 a la actualidad un total de 2,176.67 millones de dólares.
A esto se suman 8,395.73 millones de Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), títulos que no pagan capital ni intereses por cuatro años desde una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), a finales de 2022.
La institución financiera inglesa Barclays publicó un documento en el que habría manifestado sospechas de “que el sistema de pensiones está financiando al Gobierno a través de planes de préstamos a través del nuevo organismo de pensiones, ISP, y bancos comerciales”.
Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en El Salvador 8 de cada 10 personas adultas mayores “no tienen acceso a una pensión, y solo una de cada 4 personas que tienen un trabajo remunerado cotizan en el sistema previsional”.
