La Corte Suprema de Justicia (CSJ) negó la extradición solicitada por Estados Unidos de un pandillero acusado en ese país de varios crímenes. Este es el tercer pandillero «blindado» por el Supremo salvadoreño.
Se trata de un jefe influyente de la Mara Salvatrucha, Efraín Cortez, quien permanecerá en El Salvador para responder a la justicia nacional, antes de considerarse su envío a territorio estadounidense donde enfrentaría cargos de terrorismo.
Cortez, conocido como «Tigre», debía comparecer ante una corte de Nueva York, donde es solicitado para enfrentar los cargos de conspiración para proporcionar y ocultar apoyo material y recursos a terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales y conspiración para narcoterrorismo.
Sin embargo, los magistrados de la CSJ, de mayoría afín al Gobierno y nombrados en sus cargos por el oficialismo legislativo, decidieron no emitir acuerdo sobre el traslado del sujeto, uno de los jefes históricos de la MS-13 agrupados en la «Ranfla Nacional»— a suelo estadounidense, alegando que el pandillero debe enfrentar en El Salvador cargos por terrorismo, según sentencia.
Este es el tercer pandillero que la CSJ se niega a enviar en los últimos dos años, desde que el 10 de junio de 2021 revocara su mismo acuerdo de extraditar a Estados Unidos a Eliú Melgar Díaz, para que fuera juzgado por una corte de Virginia por terrorismo, alegando un mayor análisis constitucional.
A inicios de marzo de este año, la máxima corte también frenó la extradición de Hugo Armando Quinteros Mineros, que autoridades estadounidenses reclaman, junto con otros 13 jefes históricos de la MS, por terrorismo.
El 24 de febrero el Departamento de Justicia dio a conocer una nueva acusación de cuatro cargos de crimen organizado y actos de terrorismo contra otros 13 jefes de alto rango de la MS, tres arrestados en México y expulsados a Texas.
En el dictamen de acusación de este segundo grupo, las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados estuvieron involucrados en negociaciones para firmar una tregua que dio beneficios a los pandilleros en prisión y que redujo los homicidios en las calles. Y afirma que estas negociaciones llegaron al actual gobierno de Nayib Bukele.
Un supuesto acuerdo entre el Gobierno actual incluiría la negativa de los pandilleros a ser extraditados a los Estados Unidos. «La Ranfla Nacional exigió que el gobierno de El Salvador se negara a extraditar a los líderes de la MS-13, incluida la Ranfla Nacional, a los Estados Unidos para su enjuiciamiento», se lee en el dictamen de acusación.
