La Corte Suprema de Justicia decidió el viernes remover al juez, Godofredo Salazar, y enviarlo a un juzgado del departamento de Cabañas. La decisión se produjo horas después que el presidente Nayib Bukele pidiera remover a los jueces “cómplices” del crimen organizado y solicitara al Ministerio Público investigar a un juez que intentó liberar a 42 pandilleros.
En un correo, la Corte le informó al juez Salazar que sería transferido a Ilobasco, donde debe de presentarse el lunes 4 de abril.
Recientemente el juzgado especializado de sentencia que presidia Salazar absolvió de todos los cargos a una estructura de 42 miembros de la pandilla Barrio 18 que operaba en el municipio de Panchimalco. El juzgado fundamentó su fallo en la falta de pruebas por parte del Ministerio Público para demostrar los delitos y la participación de cada uno de los acusados. Sin embargo, ninguno fue liberado.
Para combatir la alarmante violencia que abate al país, a iniciativa de Bukele el Congreso aprobó el domingo el estado de excepción, que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones de su arresto, así como a la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.
La oposición cuestiona la medida ante posibles detenciones arbitrarias.
La suspensión de garantías constitucionales no afecta la libertad de expresión o libre circulación. La medida durará 30 días, aunque se podrá extender por otro mes.
El Congreso también aprobó una serie de reformas a las leyes que endurecen las penas para combatir a las pandillas y destinaron 80 millones de dólares para la compra de armas y equipos para la policía y la fuerza armada.
Bukele informó en las redes sociales que hasta las 12 de la noche del jueves la policía y la fuerza armada, que también hace labores de seguridad pública habían realizado 3.873 arrestos de pandilleros.
La Policía Nacional Civil reportó que el jueves se registraron dos homicidios, uno en San Salvador y otro en el departamento de Santa Ana.
Fuerzas combinadas de la policía y soldados han montado barricadas con púas en las entradas y salidas de numerosas comunidades en todo el país, donde realizan allanamientos casa por casa en busca de los pandilleros, luego de que el fin de semana anterior incrementar los asesinatos.
Desde el viernes 25 se han registrado 94 homicidios en todo el país y solo el sábado se reportaron 62, un nivel de violencia homicida que no se había visto en años.
Entretanto Amnistía Internacional, aunque reconoce la situación de violencia y demanda acciones urgentes frente la criminalidad, ha cuestionado lo que está haciendo el gobierno de Bukele. “Muchas de las acciones que las autoridades salvadoreñas han implementado hasta el momento son inadmisibles y de ninguna forma están justificadas”, dice una carta del organismo difundida en un comunicado de prensa.
