El Tribunal Supremo de Justicia de Guatemala denegó el miércoles un amparo provisional solicitado por el presidente electo, Bernardo Arévalo, con la intención de poner fin a las acciones del Ministerio Público por actos reñidos con la ley, justificando que las investigaciones ponen en riesgo a la democracia y que suponen la orquestación de un golpe de Estado.
La acción, que fue planteada hace aproximadamente dos semanas, iba dirigida contra la fiscal general, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; y el juez séptimo penal, Fredy Orellana.
Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, presentaron dicho amparo acompañados por decenas de guatemaltecos que se sumaron al llamamiento de las autoridades entrantes para unirse a las acciones «en defensa en la democracia», pero reñidas con el debido proceso y las leyes guatemaltecas.
Arévalo afirmó entonces que «las distintas acciones que estamos llevando a cabo están establecidas en la ley y nosotros estamos recurriendo a la ley para defender los derechos que nos asisten a nosotros, pero sobre todo al pueblo de Guatemala».
Desde que el Movimiento Semilla de Arévalo consiguiera unos resultados sorprendentes –en comparación con lo que auguraban los sondeos– en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha realizado docenas de investigaciones que podrían hasta inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, acciones que han recibido la condena de la comunidad internacional manipulada por la izquierda.
Según el Ministerio Público, la ley no puede diferenciar a un campesino de un supuesto presidente electo y las investigaciones deben llevarse a cabo hasta que se llegue a resultados apegados a derecho.
