El Ministerio de Agricultura cometió irregularidades en la ejecución de al menos $55 millones relacionados a la entrega de paquetes agrícolas durante el período del 1 de junio de 2019 al 30 de junio de 2020, según concluyen auditores de la Corte de Cuentas de la República en un examen especial realizado a la institución.
El examen especial contiene 12 reparos a la entrega de los paquetes, que van desde el mal uso de fondos hasta no tener un control en las bodegas donde se almacenó el producto.
«Podemos concluir que el Ministerio de Agricultura y Ganadería no cuenta con mecanismos adecuados de control interno relacionado con la adquisición y entrega de los paquetes agrícolas correspondientes al período de examen, que le permita a la administración contar con seguridad razonable que los bienes están salvaguardados contra pérdidas por uso o disposiciones no autorizados y que están documentadas apropiadamente», dicen los auditores en sus conclusiones.
El examen reveló que los paquetes agrícolas en algunos municipios, como en Suchitoto, fueron entregados en bodegas que no estaban autorizadas ni incluidas en el plan operativo. «Los paquetes fueron almacenados en la casa número cuatro del barrio La Cruz, la cual según documentación obtenida es propiedad de uno de los precandidatos a alcalde del partido Nuevas Ideas», reseñan.
El MAG intentó desvanecer este punto al decir que los paquetes finalmente se entregaron en el Instituto Nacional de Suchitoto, pero no explicó porque en un primer momento pasaron por la casa de un precandidato de Nuevas Ideas.
Siempre relacionado a la distribución, el informe de la CCR revela que en un año, entre junio de 2019 y junio de 2020, el MAG entregó 9,581 quintales de fertilizantes a personas jurídicas e instituciones gubernamentales, lo cual según las Reglas de Operación del Programa de Entrega de Paquetes Agrícolas no estaba permitido, pues los paquetes eran únicamente para personas naturales. Entre los destinatarios aparecen el ministerio de gobernación y varias municipalidades afines al gobierno, como la de La Unión.
«La deficiencia afecta el patrimonio del Ministerio hasta por la cantidad de $153,200.19 y denota falta de transparencia y riesgo que los paquetes agrícolas no se entreguen a los productores de subsistencia», establecen los auditores.
SIN PERMISO
Pero el reparo más oneroso dentro de todos los señalados es el de la utilización de fondos de los paquetes agrícolas en compra de «reserva estratégica de granos básicos» durante la pandemia, sin pedir autorización de la Asamblea Legislativa para modificar el presupuesto, lo cual está prohibido por la ley y podría incluso prestarse a malversación de fondos.
Según el examen especial, el MAG desvió $16 millones que debían servir para pagar a proveedores de insumos de los paquetes. Señala como responsables directos al ministro de Agricultura, Pablo Anlíker, por haber solicitado la autorización de transferencia ejecutiva de fondos; y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, por haber suscrito el acuerdo ejecutivo que le daba el aval. También el director general del presupuesto en Hacienda, Carlos Salazar, por emitir una opinión favorable para la transacción.
Desde el ministerio aseguraron sobre este punto que la medida era necesaria debido a la emergencia nacional por covid-19 que se vivía en 2020 y argumenta, en varias páginas, la situación que se vivía en esos momentos y que el presidente de la República, Nayib Bukele, había autorizado las transferencias entre partidas presupuestarias.
Sin embargo, los auditores coinciden en que el dinero para los paquetes agrícolas estaba dentro de las asignaciones que eran consideradas «intransferibles» y que modificar el presupuesto es una asignación que por Constitución le corresponde solo a la Asamblea Legislativa. «En conclusión, el Decreto de Emergencia no exime el hecho de efectuar los procedimientos constitucionales y normativos aplicables», señalan los encargados de realizar el examen especial.
