La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala defendió el Estado de Derecho y ordenó a las autoridades desalojar las calles y carreteras que las manifestaciones de grupos revoltosos de indígenas de izquierdas mantienen cerradas desde el 2 de octubre.
De acuerdo a la resolución de la CC, el pleno de los magistrados decidió declarar con lugar la solicitud planteada por el Ministerio Público, para retirar de las vías públicas a quienes participan de los reclamos.
Las manifestaciones que se han realizado, han incumplido con lo dispuesto en el artículo 33 constitucional y los estándares internacionales, pues en abuso de los derechos de reunión y de manifestación, se ha impedido a la población el ejercicio, entre otros, de los derechos a la vida, salud, tratamientos médicos, seguridad, paz, libertad de locomoción de personas y vehículos, libertad de industria, comercio, trabajo y propiedad, así como se ha limitado la garantía de los servicios esenciales como el transporte, el agua, el agua potable, la energía eléctrica, el funcionamiento de puertos, aeropuertos, aduanas, terminales de carga y descarga de mercancías, y cualesquiera otros afectados, reza la resolución.
Indica también que el uso de la fuerza pública para retirar los bloqueos debe ser la última medida y sólo cuando sea absolutamente necesario y en casos excepcionales, es decir, cuando la manifestación no sea pacífica o haya indicios claros de amenaza inminente de violencia grave, pudiendo, para mantener el orden y la seguridad, dispersar la reunión cuando esta cause gran perturbación, como el bloqueo del tráfico.
La resolución ordena a las autoridades a cumplir inmediatamente con lo ordenado.
