El más alto tribunal de Guatemala avaló la medida de los fiscales de suspender el partido político del presidente electo Bernardo Arévalo por presunto fraude electoral y en el registro, una acción que el izquierdista entrante denuncia como un “golpe de estado”.
Arévalo y las autoridades electorales habían impugnado la suspensión a finales de agosto, argumentando que las acusaciones de fraude electoral o en el registro son cargos penales y que al suspender el partido los fiscales se inmiscuían en cuestiones electorales.
La Corte de Constitucionalidad dictaminó el jueves que, aunque se trate de acusaciones penales, los fiscales pueden imponer medidas que tengan efectos electorales.
El pronunciamiento de la Corte tiene como origen un recurso presentado por el Tribunal Supremo Electoral en el que cuestionaba que un juez del ámbito penal tuviera competencia para actuar en materia electoral
Sin su partido, el Movimiento Semilla, Arévalo puede verse perjudicado tras su toma de posesión el 14 de enero. Arévalo afirma que los fiscales, motivados políticamente, están dando un “golpe de estado” e intentan anular su victoria en las elecciones de agosto. Los fiscales afirman que algunas de las firmas utilizadas para registrar el partido de Arévalo podrían ser falsas.
La misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que las acciones de los fiscales parecían estar dirigidas a impedir que Arévalo asumiera el cargo.
Arévalo tuvo una actuación sorprendentemente fuerte en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala en junio, consiguiendo apoyo con una campaña contra la corrupción que atrajo a votantes frustrados, y ganó con casi el 61% de los votos en la segunda vuelta de agosto, los resultados podrían ser fraudulentos.
Bernardo Arévalo
Con este aval, la Corte de Constitucionalidad está diciendo que todo está bien, que no ha habido problema, y (está) protegiendo al juez y la fiscalía
, explicó el abogado constitucionalista Alejandro Balsels, en alusión a las acciones del fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana para suspender al partido con el que el progresista Arévalo ganó la presidencia.
La decisión llegó después de un viaje del presidente electo a Estados Unidos para denunciar la arremetida contra su partido y contra el proceso electoral, tras una serie de allanamientos a las autoridades electorales que concluyeron con la confiscación de actas que contenían el recuento del voto ciudadano.
