La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), el poder plenipotenciario que dirige el país desde hace dos semanas, se atribuyó este viernes las funciones legislativas del Parlamento, controlado por la oposición.
La ANC, en la que no está representada la oposición, que la considera un órgano fraudulento, había convocado para la sesión de este viernes a la junta directiva, que no acudió por no reconocerla.
Ante la ausencia, el primer vicepresidente de la ANC indicó que asumirá las competencias legislativas del Parlamento para «garantizar la preservación de la paz, la soberanía y las finanzas del Estado».
La ANC podrá además dictar actos parlamentarios en forma de ley.
«La Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de sus poderes (…) decreta asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, el sistema socioeconómico financiero», se lee en el decreto aprobado por unanimidad.
La retirada a final de marzo por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de las funciones legislativas a la Asamblea Nacional, nombre que recibe el Parlamento en Venezuela, desató una ola de protestas contra el gobierno que ha provocado la muerte de más de 120 personas.
Como consecuencia del conflicto político, el gobierno planteó una Asamblea Constituyente que está por encima de todos los poderes del Estado y controlada enteramente por el oficialismo ante el boicot de la oposición, y que tiene como función redactar una nueva Constitución para Venezuela.
«En desacato»
La Asamblea Nacional, el cuerpo legislativo, está dominado por la mayoría opositora desde las elecciones legislativas de diciembre de 2015. Desde entonces, sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia anuló sus principales iniciativas legales por considerarla en desacato.
La Constituyente se instaló hace dos semanas, cuenta con un poder absoluto y todas las instituciones del Estado están sometidas a sus decisiones.
Se estima que estará vigente por dos años, en los que tendrá como misión redactar una nueva Constitución y emitir decisiones de obligado cumplimiento por los otros poderes del Estado.
Países de América Latina, Norteamérica y Europa no reconocen a la Constituyente, formada por 545 miembros elegidos el 30 de julio sin la participación de la oposición, que califica de fraudulento todo el proceso.
Hasta 12 países de la región y la oposición la consideran como la prueba de que el gobierno de Venezuela no es democrático.
«Un poder de facto»
La junta directiva del Parlamento, en un comunicado publicado este viernes, ya había anunciado que no aceptaría la invitación de acudir a la Constituyente, a la que considera «un poder de facto, una estructura de dominación nacida al margen de la Constitución de 1999 y de espaldas al pueblo».
«No estamos obligados a hacerlo. En cambio, tenemos el deber de permanecer del lado de la Constitución de 1999 y de los más de catorce millones de electores que nos convirtieron en legítimos representantes de la soberanía popular», se lee en el comunicado, firmado por el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges.
