El Congreso de Guatemala declaró el martes a las pandillas como organizaciones «terroristas» en momentos en que el país atraviesa una crisis de seguridad tras la fuga de una cárcel de 20 cabecillas de una de estas peligrosas bandas.
Los diputados empezaron a discutir el proyecto de ley el martes de la semana pasada, dos días después que el gobierno revelara el escape de los miembros de la pandilla Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II, cercana a la capital.
La ley recuerda el marco jurídico en El Salvador, con el que el presidente Nayib Bukele inició en 2022 una «guerra» contra las pandillas, amparado en un estado de excepción que permite arrestos sin orden judicial.
El mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha descartado emular el modelo salvadoreño que redujo el crimen a mínimos históricos, pero que es cuestionado por denuncias de encarcelar inocentes.
«Damos por aprobado un decreto importante (…) para declarar a los mareros y extorsionistas como terroristas», dijo en el plenario el diputado Elmer Palencia del partido derechista Valor, uno de los ponentes de la iniciativa.
La ley eleva de 12 a 18 años la pena máxima de cárcel por extorsión, uno de los principales delitos que cometen el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha contra comerciantes y transportistas.
Penas para quienes recluten menores para pandillas
Además, sube la pena en un tercio si el sentenciado es miembro de una pandilla.
El Congreso, de mayoría opositora, también estableció penas de prisión de entre 14 a 18 años a quienes «recluten» a menores para las pandillas y ordenó la construcción de una cárcel de máxima seguridad.
La Fiscalía sospecha que los pandilleros escaparon por las puertas de la prisión en complicidad con funcionarios. Hasta el momento cuatro fugados han sido recapturados.
La fuga fue calificada por Estados Unidos como «inaceptable» y provocó que Arévalo removiera a la cúpula de seguridad.
En septiembre, Washington declaró como organización «terrorista» a la pandilla Barrio 18, luego de hacerlo meses antes con la Mara Salvatrucha.
Según el ministro del Interior, Francisco Jiménez, en el cargo mientras asume su sucesor, en Guatemala hay unos 12,000 pandilleros y colaboradores, mientras que otros 3,000 están en prisión.
La acción de las pandillas incide en el aumento de la tasa de homicidios en el país, que pasó de 16,1 por cada 100,000 habitantes en 2024 a 17,65 este año (más del doble del promedio mundial), según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.
