El Comisionado Presidencial de Proyectos Estratégicos, Christian Herson Flores Sandoval, fue detenido el jueves por el presunto delito de «cohecho impropio en calidad de autor directo», señaló la fiscalía general de la República en su cuenta en la red social X.
El alto funcionario del gobierno de Nayib Bukele, fue detenido bajo acusaciones de exigir dinero a personas y empresas para participar en proyectos estratégicos gubernamentales.
«La Fiscalía General de la República (FGR) ha ordenado la captura del Comisionado Presidencial Christian Herson Flores Sandoval, por el delito de cohecho impropio en calidad de autor directo», señaló la fiscalía en su cuenta en la red social X.
Según la FGR, Flores Sandoval «valiéndose de su cargo» como Comisionado Presidencial de Proyectos Estratégicos, «exigía a personas y empresas dinero» a cambio de «beneficios y participación preferencial» en proyectos estratégicos del gobierno.
En su campaña de propaganda, el presidente Bukele prometió hace varios meses una «guerra» frontal enfocada en combatir la corrupción.
Bukele, luego de conocerse la captura de Flores Sandoval, señaló que ese caso «no es el primero» y «tampoco será el último».
«Si Dios lo permite, nuestra guerra contra la corrupción será tan exitosa como nuestra guerra contra las pandillas», sostuvo Bukele en su cuenta de X.
La fiscalía indicó que la detención de Flores Sandoval, que será presentado pronto a «los tribunales correspondientes», «es el inicio de una amplia investigación, para deducir responsabilidades y de otros delitos de corrupción».
Por su parte, el fiscal general Rodolfo Delgado, dijo en su cuenta de X que «nadie está por encima de la ley», tras señalar que «no nos vamos a detener» en la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, la poca transparencia del Ejecutivo es evidente ante señalamientos de indicios de corrupción en la adquisición de las canastas de alimentos entregadas por el Gobierno de Bukele durante la pasada pandemia. Así com el ignorar las investigaciones del extinto Grupo Especial Antimafia de la Fiscalía que investigaba irregularidades en la asignación de 10 contratos para la entrega de los artículos incluidos en los paquetes alimentarios, sumado a una previa investigación en la quel se señalaba al director general de Centros Penales y Viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna, de vender 42 mil sacos de alimentos del programa de emergencia por el Covid.
De igual manera, el Ministerio Público, aprovechando el régimen de excepción, es inactivo en el caso de ausencias de las declaraciones patrimoniales de funcionarios y empleados públicos, no se ha manifestado ante el abuso abuso en el uso de la reserva para todo lo que tenga que ver con los gastos del Estado, ni sobre el bloqueo de toda investigación sobre casos de corrupción en el Gobierno.
Por otra parte, en mayo de 2021, los Estados Unidos de Norteamérica nombró corruptos a cinco miembros del Gobierno del presidente Nayib Bukele, sin que a la fecha el gobernante o la Fiscalía hagan algo para averiguar sobre las presuntas acusaciones.
El 6 de septiembre de 2019, Bukele anunció el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) como un esfuerzo conjunto con la Organización de los Estados Americanos (OEA) para combatir la corrupción, el narcotráfico y los delitos de cuello blanco en el país. La CICIES cooperaba con la unidad anticorrupción de la Policía Nacional Civil (PNC), pero fue disuelta el 4 de junio de 2021 por el presidente Nayib Bukele al enterarse de que al menos 12 casos estaban abiertos y en investigación contra funcionarios de primer nivel que formaban parte de la «argolla dorada de la Presidencia».
“El dinero alcanza cuando nadie roba”, repetía Bukele cuando era candidato. La afirmación ha sido probada falsa. El dinero no alcanza para satisfacer las necesidades más básicas de la mayoría de salvadoreños. Según la última pesquisa de la Universidad Francisco Gavidia muestra que un 70% de la población manifiesta que su situación económica es «mala» y la situación se agrava ante la corrupción, la falta de transparencia, el nepotismo y el manejo propagandístico en la toma de decisiones de política económica. La administración de Bukele no parece interesada ni en modificar el modelo ni en eliminar estas prácticas.
