El magistrado de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar López Jerez, confirmó a periodistas que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua envió a El Salvador una respuesta a la petición de extradición hecha por la máxima autoridad judicial.
De acuerdo al magistrado, una breve nota recibida por el gobierno de Daniel Ortega se limita a decir que “el exmandatario goza de asilo».
La respuesta será remitida al Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, dijo el magistrado López Jerez.
La respuesta del gobierno de Nicaragua llegó dos semanas luego que la Corte Suprema ordenara tramitar la solicitud de extradición del expresidente Funes (FMLN/2009-2014), que enfrenta cargos penales por al menos cuatro procesos judiciales y cinco órdenes de captura.
A Funes le responsabiliza la Fiscalía General de la República de haber presidido una estructura delictiva mientras fue presidente del país entre 2009-2014, mediante la cual extrajo un total de $351 millones de fondos públicos a través de la partida de Gastos Reservados, más conocida como partida secreta.
El pasado 21 de marzo, los 15 magistrados integrantes de la CSJ votaron a favor de solicitar la extradición del efemelenista Funes Cartagena, que es acusado de los delitos de peculado, negociaciones ilícitas e instigación a peculado, además de cohecho (soborno).
Según el magistrado López Jerez, la notificación recibida de parte del Gobierno de Nicaragua será remitida al respectivo juzgado para seguir con el trámite judicial.
El juez Séptimo de Instrucción envió hace unos meses una petición a la CSJ para tramitar la extradición de Funes de Nicaragua por el desvío de $351 millones de fondos públicos mientras estuvo al frente del Ejecutivo entre 2009 y 2014 bajo la bandera del FMLN; por el caso, conocido como “Saqueo Público”, es que se reclama a las autoridades nicaragüenses la entrega de Funes.
Según López Jerez, la respuesta ambigua de la cancillería nicaragüense podría ser una negativa a la extradición, sin embargo, no vendría al caso la protección del fugitivo, pues el asilo político cubriría persecución política, pero no las razones por las que se pide se entregue a Funes, “porque los delitos por lo que lo requerimos no son políticos, sino comunes”.
En septiembre de 2016 el régimen de Daniel Ortega otorgó asilo político a Mauricio Funes Cartagena, su compañera de vida Ada Mitchell Guzmán y a tres de sus hijos.
