La iniciativa de trasladar a prisioneros desde Perú hacia cárceles en El Salvador está siendo considerada por el Ejecutivo peruano. Según declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, la propuesta está siendo analizada.
Schialer dio detalles a la prensa tras una reunión mantenida con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana. El canciller señaló que la propuesta fue transmitida al gobierno de Nayib Bukele.
“Esto es algo que ha sido recogido ya por el embajador de El Salvador en el Perú y esto es algo que ellos también han transmitido a su Estado, a su capital. Estamos en eso, es una posibilidad, no hay que descartarlo”, indicó el ministro. El funcionario aclaró que esta posibilidad se enmarca en la búsqueda de soluciones ante la inseguridad ciudadana y el grave hacinamiento penitenciario que enfrenta actualmente Perú.
Hacinamiento penitenciario y mejoras en seguridad
El canciller Schialer y otros voceros políticos insisten en que trasladar a presos peruanos a cárceles en el exterior puede tener beneficios potenciales. En ese senteido, destaca la reducción del hacinamiento carcelario, uno de los problemas más graves del sistema penitenciario nacional.
Elmer Schialer subrayó que los niveles actuales de sobrepoblación superan con creces la capacidad instalada de los penales. En ese sentido, resaltó que cualquier cooperación, “de El Salvador u otro país”, contribuiría a aliviar la presión sobre las infraestructuras locales. Dicha solución, enfatizó, sería implementada bajo acuerdos previamente establecidos y tomando en cuenta el costo que implicaría para Perú.
La propuesta parte de la premisa, defendida también por la congresista Katy Ugarte, de que el traslado de reos altamente peligrosos podría impactar favorablemente tanto en la seguridad interna de los penales como en el control de bandas criminales que operan desde los centros de detención. Según Ugarte, el objetivo principal es reducir la incidencia de delitos graves como sicariato, extorsión y homicidio, vinculados a este tipo de reos.
Costos y aspectos logísticos en evaluación
El análisis de los costos asociados al traslado y mantenimiento de reos peruanos en cárceles de El Salvador es uno de los aspectos que el gobierno peruano tiene bajo estudio. El canciller Elmer Schialer precisó que esta variable forma parte de la evaluación en curso, destacando que “no es gratuito” y que expertos de ambas naciones deberán determinar los gastos exactos.
En conversación con RPP, el expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, mantener a un preso peruano en una prisión salvadoreña tendría un costo diario estimado de 200 dólares por interno. Esta cifra incluiría el alojamiento, manutención y otras necesidades básicas del recluso. El canciller remarcó ante la prensa que aún deben precisar los detalles logísticos y que se trata de una propuesta en etapa de análisis y que las consideraciones financieras serán centrales para tomar una decisión.
Las posibles futuras negociaciones entre Perú y El Salvador abordarían también asuntos legales y operativos específicos, entre ellos los procedimientos de traslado y la administración de los penales que podrían albergar a la población carcelaria proveniente de Perú.
Críticas y oposición técnica
La propuesta legislativa de trasladar a reos peruanos condenados por delitos graves a cárceles de El Salvador ha generado objeciones en sectores técnicos y jurídicos. Javier Llaque, exjefe del INPE, cuestionó la viabilidad de la iniciativa presentada por la congresista Katy Ugarte. Según Llaque, el proyecto adolece de errores sustanciales en sus fundamentos y en la interpretación de los tratados internacionales aplicables.
Llaque sostiene que los convenios citados por la autora del proyecto de ley aluden, en realidad, al traslado de personas a sus países de origen, y no para enviar ciudadanos nacionales a prisiones extranjeras. Además, señala que la Constitución peruana orienta la ejecución de la pena penal al cumplimiento de fines como la reeducación, la rehabilitación y la reinserción social, proceso que, en su opinión, no se garantizaría en centros penitenciarios como el CECOT (El Salvador).
El exfuncionario tampoco coincide con los argumentos que asocian el traslado con mejoras en la seguridad carcelaria ni con la reducción del riesgo de fugas, ya que las estadísticas nacionales indican una baja frecuencia de evasiones en comparación internacional.
Viabilidad legal y constitucional
Uno de los puntos neurálgicos del debate recae sobre la compatibilidad de la medida con la Constitución Política del Perú. La normativa vigente establece que las penas privativas de libertad deben priorizar la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación social de los condenados, condiciones que, según expertos, no podrían garantizarse si los reos son trasladados fuera del país.
El expresidente del INPE recalca que, para llevar adelante un proyecto de este tipo, sería necesario modificar la Constitución, pues la actual estructura legal impide la expatriación de procesados o condenados nacionales. Los tratados internacionales a los que hace referencia la iniciativa legislativa tratan sobre el traslado de connacionales hacia el país de su ciudadanía, pero no contemplan el envío de peruanos a cumplir pena en centros penitenciarios extranjeros.
No solucionaría el hacinamiento penitenciario
Aunque el proyecto es presentado como una medida para aliviar la sobrepoblación penitenciaria, datos suministrados por el exjefe del INPE evidencian sus limitadas posibilidades de impacto real. Actualmente el sistema penitenciario de Perú alberga a 102 mil 500 internos en instalaciones con capacidad para 41 mil 000, lo que arroja un déficit de 61 mil 500 plazas.
Llaque cuestiona el alcance práctico de trasladar a una pequeña fracción de presos considerados de alta peligrosidad. Advierte que aún si se enviase a 100 o 200 internos a El Salvador, el efecto sobre el hacinamiento sería insignificante. A su juicio, para abordar la crisis de sobrepoblación, serían necesarias acciones estructurales como la construcción de nuevas cárceles y la adopción de dispositivos de vigilancia electrónica, alternativas más sostenibles y directas en la gestión penitenciaria.
