3.500 militares y 500 policías, con fusiles de guerra, cascos y chalecos antibalas, fueron distribuidos e instalados el miércoles en dos colonias de Apopa y un refuerzo al cerco ya existente en Soyapango, como antesala a una nueva solicitud del Ejecutivo al Legislativo para extender, una vez más, un estado de excepción que más parece de permanencia en el país.
El despliegue de seguridad es supuesto para capturar a «remanentes» de pandillas en el contexto del régimen de excepción.
Nayib Bukele informó que desde la madrugada del miércoles «3500 soldados y 500 policías han establecido 3 cercos de seguridad en: Popotlán y Valle Verde, en Apopa, y La Campanera, en Soyapango».
Popotlán y Valle Verde son 2 de las 25 colonias que componen el municipio de Apopa, la sexta ciudad más poblada del país.
La Campanera pertenece al municipio de Soyapango y es la segunda ciudad más poblada del Área Metropolitana de San Salvador – integrada por 14 municipios- y la tercera del país.
«Seguimos ejecutando la fase de #Extracción del Plan Control Territorial. No vamos a detenernos hasta capturar al último terrorista (pandillero) que quede», escribió Bukele en su cuenta en la red social X, antes Twitter.
Añadió: «No permitiremos que pequeños remanentes(de miembros de pandillas) se reagrupen y nos quiten la paz que tanto nos ha costado».
El cerco de seguridad en el barrio La Campanera se refuerza luego que se conociera el martes del homicidio de una niña de 7 años.
En el contexto del régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022, se han militarizado un departamento, dos municipios -en el centro y norte del país- y seis comunidades – incluyendo Popotlán y Valle Verde – de San Salvador.
Cabañas, que es el departamento que menos municipios tiene -nueve en total-, se convirtió en el primer departamento en ser «cercado» en su totalidad.
«Cercar» grandes ciudades de El Salvador es parte, según Bukele, de la quinta fase del Plan Control Territorial, que fue lanzando en 2019.
Sin embargo, se desconoce un documento oficial que detalle el camino para atender desde el Estado el fenómeno de las pandillas.
Los cercos están amparados en el régimen de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, y se desconoce el período de tiempo en que estarán vigentes.
El gobierna acostumbra «descubrir» planes delincuenciales, o algún caso especial siempre que solicita a la Asamblea Legislativa una nueva extensión de su régimen de excepción.
