El presidente Nayib Bukele aseguró el domingo que en las cárceles salvadoreñas «no hay abusos», a pesar de señalamientos de organizaciones humanitarias de muertes con signos de violencia y de supuestas torturas de personas detenidas bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
«En El Salvador, a diferencia de la mayoría de países de Latinoamérica, nuestras cárceles son limpias, ordenadas, no hay abusos, ni insalubridad, ni golpes, ni asesinados (como a diario pasa en otros países)», publicó en la red social X (antes Twitter).
Agregó que «abrimos constantemente nuestras instalaciones a la prensa nacional e internacional». Dichas visitas se realizan previo un «montaje teatral» donde los prisioneros que son permitidos de hablar a la prensa internacional tienen un «discurso preparado», el cual repiten sin parar, sobre los «buenos tratos» que reciben.
«Sin embargo, somos nosotros los criticados. ¿Quién los entiende? Tal vez su molestia es porque no permitimos que ordenen delitos desde las cárceles, que no haya drogas, armas, ni señal telefónica o de internet. Tal vez les molesta que no haya riñas con las que pueden justificar el asesinato de testigos», añadió el mandatario.
El mandatario posteó el mensaje acompañado de la publicación de una cadena estadounidense de televisión sobre una visita al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot), una megacárcel construida para recluir a unos 40.000 pandilleros, pero que apenas alberga a unos 13 mil.
De acuerdo con organizaciones humanitarias, al menos 189 personas han fallecido en custodia estatal en el contexto del régimen de excepción, aprobado y ampliado 19 veces por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista para combatir a las pandilla tras una escalada de homicidios.
Organizaciones no gubernamentales han indicado en sus informes que han identificado patrones de tratos crueles, inhumanos o degradantes, además de laceraciones, hematomas, heridas, estrangulación, ahorcamiento y otros «signos de tortura».
En abril pasado, Amnistía Internacional señaló que «ha documentado al menos 10 casos de muerte bajo custodia del Estado y verificó que las principales causas incluyen el sometimiento a torturas y tratos crueles y degradantes por parte de agentes policiales y custodios».
