El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) rechazó el miércoles la reforma al sistema de pensiones aprobado por la Asamblea Legislativa y la calificó de «maquillaje».
«El BRP rechaza de manera contundente el proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones presentado por el Gobierno y aprobado por la Asamblea Legislativa por considerarlo inconveniente, insuficiente e irresponsable», indicó en una conferencia de prensa Fran Parada, miembro del BRP.
Agregó que, a su juicio, la reforma es «maquillaje» y «no atiende los problemas estructurales», dado que «es más de lo mismo» y «busca confundir a la población con falsas promesas».
Indicó que la reforma, presentada por el Gobierno de Nayib Bukele, «mantiene el lucrativo negocio» de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), que «ganarán más» por las comisiones que cobran.
«La ley no enfrenta los tres problemas del sistema de pensiones, que son baja cobertura, bajas pensiones y carga financiera generada al Estado», indicó y lamentó que «no incluye al sector informal», por lo que «no aumentará la cobertura».
Dijo que el «Estado seguirá endeudándose para pagarle pensiones a 800.000 personas jubiladas» del sistema abandonado en 1998, desembolso que «ronda los 700 millones al año».
Sonia Urrutia, también del BRP, señaló que la propuesta de varias organizaciones es crear un «sistema nacional de pensiones» que incluya a la población adulta mayor que no ha podido cotizar. Este sistema no incluiría a las AFP.
El Congreso aprobó la nueva legislación la noche del martes, que fue prometida en septiembre de 2021 por el presidente Bukele y que, a pesar de las solicitudes de nacionalización de algunos sindicatos, deja el manejo de los recursos a cargo de las AFP.
Esta reforma dicta un incremento de las pensiones por vejez del 30 % y pasa la cotización de los trabajadores del 15 % al 16 %.
A esta norma se suman la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que supervisaría a las AFP, y la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.
Estas leyes se aprobaron antes de que el país realice elecciones generales en 2024 y en las que Bukele buscará la reelección, a pesar de señalamientos de inconstitucionalidad.
Economistas y empresarios de la industria han manifestado su preocupación por la sostenibilidad de este incremento en las pensiones y la posible carga fiscal.
