Un grupo de organizaciones no gubernamentales expresó el miércoles su preocupación por los «ataques» contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador por parte del presidente Nayib Bukele.
«Como organizaciones dedicadas a la defensa del estado de derecho, los derechos humanos y la institucionalidad democrática en distintos países de la región (centroamericana) expresamos nuestra profunda preocupación por los ataques contra los magistrados de la Sala», según un comunicado difundido este miércoles.
Las agrupaciones, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), consideraron que «los ataques constituyen una respuesta a las decisiones emitidas por la Sala en ejercicio de sus funciones de control de la constitucionalidad de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para enfrentar la pandemia COVID-19».
La Sala de lo Constitucional le recalcó el martes a Bukele que no posee facultades para suspender garantías constitucionales y que no le ha retirado atribuciones para enfrentar la pandemia del COVID-19.
«Este tribunal no le ha quitado a usted ninguna facultad legal que tenga que devolverle, únicamente ha declarado inconstitucional las violaciones del órgano Ejecutivo y el Legislativo a la Constitución de la República», según una carta del tribunal constitucional.
El documento es una respuesta a una carta enviada el fin de semana pasado por Bukele a la referida Sala, en la que le pide que le «devuelvan» las facultades para enfrentar la pandemia que, a juicio del gobernante, le fueron retiradas mediante un fallo judicial.
El mandatario reaccionó en su cuenta de Twitter y dijo que los jueces constitucionales «están cometiendo un crimen contra el pueblo».
«Bukele ha reaccionado con acusaciones directas a la Sala, distorsionando el contenido de sus decisiones y construyendo una narrativa que los coloca como enemigos de la ciudadanía y los responsabiliza por la salud de la población», señalaron.
Indicaron que Sala de lo Constitucional «ha emitido importantes decisiones que protegen la división de poderes prevista en la Constitución salvadoreña, ha ordenado la liberación de personas detenidas y ha anulado diversos decretos presidenciales de emergencia por exceder la esfera de competencias del Ejecutivo para limitar derechos fundamentales».
Por lo anterior, las organizaciones exhortaron el jefe de Estado a «respetar la independencia del máximo órgano de justicia constitucional, en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por El Salvador».