La abogada salvadoreña anticorrupción Ruth Eleonora López, detenida desde mediados de mayo en El Salvador y que es una de las principales voces críticas del Gobierno de Nayib Bukele, fue reconocida el lunes con el Premio Internacional de Derechos Humanos de la American Bar Association, con sede en Estados Unidos.
La entidad indicó en un comunicado que este premio reconoce los «logros excepcionales de una persona u organización como defensora y/o promotora de los derechos humanos fuera de Estados Unidos, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos».
«López ha realizado contribuciones extraordinarias a los esfuerzos anticorrupción, la rendición de cuentas y los derechos humanos en El Salvador», apuntó la organización.
López fue detenida el pasado 18 de mayo de 2025 bajo acusaciones de peculado, relacionadas con un supuesto caso de sustracción de fondos estatales cuando fungía como asistente del efemelenista Eugenio Chicas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Desde su arresto, diversas organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Alianza Américas, han denunciado su detención como parte de un «patrón preocupante de criminalización contra voces críticas e independientes» en El Salvador.
Un Reconocimiento en Medio de la Adversidad:
El premio, que será entregado en ausencia de López, subraya la profunda preocupación de la comunidad legal internacional por la situación de los defensores de derechos humanos en El Salvador. La detención de López ha sido calificada por sus defensores como una «persecución política» en respuesta a su incansable trabajo de fiscalización y denuncia de presuntos actos de corrupción, algunos de ellos vinculados directamente con la actual administración.
La abogada, quien también fue incluida en la prestigiosa lista de la BBC de las 100 mujeres más influyentes de 2024, se encuentra bajo detención provisional por un período de seis meses, una decisión judicial que ha sido apelada por su defensa. Durante su audiencia, López afirmó ser «inocente» y una «presa política», asegurando que no la van a «callar» y exigiendo un juicio público para demostrar su inocencia.
Preocupación por el Debido Proceso y la Independencia Judicial:
La situación de Ruth López ha generado alarmas en cuanto al respeto del debido proceso y la independencia del sistema judicial en El Salvador. Organizaciones como Alianza Américas han manifestado su preocupación por la dificultad para acceder a representación legal y el contacto con su familia en los primeros momentos de su detención, lo que podría implicar violaciones a sus derechos fundamentales.
La relatora de la ONU Defensora de Derechos Humanos, Mary Lawlor, se ha pronunciado públicamente sobre el caso, instando al Estado salvadoreño a garantizar el derecho al debido proceso de López y a su liberación. El contexto del régimen de excepción, que ha sido prorrogado mes a mes por la Asamblea Legislativa, ha sido señalado por críticos como un factor que facilita la detención sin garantías y la prolongación de la prisión provisional.
Un Mensaje a la Comunidad Internacional:
La concesión de este premio a una activista presa no es solo un reconocimiento a la valentía y el compromiso de Ruth López, sino también un potente mensaje a la comunidad internacional. Demuestra que la situación de los defensores de derechos humanos en El Salvador está siendo observada de cerca y que las acciones contra las voces críticas tendrán repercusiones en la percepción internacional del país.
Este galardón se suma a un coro creciente de voces que exigen la liberación de Ruth López y el respeto irrestricto a los derechos humanos y las garantías constitucionales en El Salvador. La noticia del premio seguramente intensificará la presión sobre las autoridades salvadoreñas para que garanticen la transparencia en el proceso judicial de López y el pleno respeto a sus derechos fundamentales.
La Fiscalía acusó inicialmente a López de peculado desde su cuenta de X, pero al presentar la acusación formal lo cambió por enriquecimiento ilícito, lo que Cristosal considera «una estrategia para criminalizarla por su trabajo como defensora de DDHH».
«¡Soy inocente, soy una presa política. Todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en este Gobierno!», gritó López mientras era custodiada por varios policías entre empujones con la prensa.
Cristosal anunció recientemente el cierre de operaciones en El Salvador, denunciando una “escalada represiva” por parte del gobierno de Nayib Bukele contra activistas.
El Gobierno de Bukele ha recibido críticas en las últimas semanas por las detenciones de al menos cinco activistas y críticos de su Administración.
Según denunciaron la semana pasada diversas organizaciones humanitarias en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unos 130 activistas y periodistas han tenido que salir de El Salvador para resguardar su integridad.
