Funes, quien gobernó entre 2009 y 2014 y fue el primer presidente por el FMLN, recibió asilo del gobierno de Daniel Ortega en septiembre de 2016, tras huir del país luego de recibir informes de que era investigado por varios delitos.
En declaraciones en Washington, Meléndez dijo que la condición de asilado del exmandatario “complica” que se concrete su extradición, a pesar de que ésta debe ser determinada por órganos judiciales y no ejecutivos del país donde es requerida.
“No sabemos qué puede ocurrir en Nicaragua (…) porque el asilo se lo dio el gobierno y por ahí puede venir una complicación de que no se acepte la extradición”, señaló a periodistas tras dar una conferencia sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad en el Wilson Center.
Funes, que es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) desde agosto de 2016, gobernó bajo la bandera del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fundado en los años 1980 como plataforma político-guerrillera y actualmente en el poder.
El pedido de extradición del exmandatario será presentado por la FGR una vez que el caso llegue a un tribunal superior, lo cual se espera que ocurra en los próximos días, dijo Meléndez.
El fiscal general también confía en que Interpol emita a la brevedad la circular roja para la captura internacional de Funes, cuyo último domicilio conocido era en Nicaragua.
Según dijo, autoridades de Interpol en El Salvador le informaron que el pedido de la Fiscalía está siendo revisado por la oficina jurídica en la central de la organización en Lyon, para verificar si el procedimiento contra Funes es de índole político.
“Nos preocupa que se le vaya a dar una concepción de ese tipo, porque este caso no tiene ningún elemento político. Son investigaciones por hechos de corrupción. Nada más”, afirmó.
La orden de captura del expresidente fue expedida por un juzgado salvadoreño el 27 de junio por “la probable comisión de los delitos calificados provisionalmente como peculado y lavado de dinero y activos (…), en perjuicio de la administración pública y del orden socioeconómico”.
Además de Funes, la justicia ordenó la captura de otras 31 personas por este caso, incluyendo la actual pareja del expresidente, Ada Michell Guzmán, y de sus hijos Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velásco, también asilados en Nicaragua.
De las 32 personas vinculadas con el caso, 17 ya están detenidas, entre ellas la exprimera dama Vanda Pignato, quien se encuentra bajo custodia policial en el hospital donde recibe tratamiento medico.
