La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma a la Constitución Política que extiende el periodo de los magistrados electorales vinculados al oficialismo. Esta modificación representa un nuevo capítulo en una serie de cambios constitucionales impulsados por la actual legislatura, dominada por el partido del presidente Nayib Bukele, que han transformado de manera significativa el sistema político del país.
Desde que la Asamblea, con mayoría oficialista absoluta, asumió sus funciones, se han realizado reformas que han modificado el equilibrio tradicional de poderes en El Salvador. Entre los cambios más destacados se encuentran la destitución y sustitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, así como la reducción de la autonomía de instituciones clave. Estas acciones han sido justificadas por la administración como necesarias para combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del Estado, pero críticos señalan que consolidan el control del Ejecutivo sobre el sistema político.
La reciente reforma que amplía el mandato de magistrados electorales oficialistas es vista por analistas y opositores como un paso más en la concentración del poder, que podría afectar la independencia y transparencia del proceso electoral en el país. La medida ha generado preocupación entre sectores que defienden la separación de poderes y el fortalecimiento de la democracia en El Salvador.
En resumen, esta nueva enmienda constitucional se suma a un conjunto de reformas impulsadas por la Asamblea Legislativa que han reconfigurado el panorama político salvadoreño, favoreciendo la permanencia y el control de la administración Bukele sobre las instituciones del Estado.
Las mayores implicaciones de que los magistrados oficialistas se mantengan en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones generales de 2027 incluyen:
- Percepción de falta de imparcialidad: La continuidad de magistrados vinculados al oficialismo puede generar dudas sobre la independencia del TSE, afectando la confianza ciudadana y de actores políticos en la transparencia y equidad del proceso electoral.
- Riesgo de influencia sobre resultados electorales: Al controlar el órgano electoral, el oficialismo podría influir en la organización, supervisión y validación de los comicios, lo que podría favorecer sus intereses y limitar la competencia democrática.
- Debilitamiento de la democracia: La falta de garantías para un proceso electoral justo puede erosionar la pluralidad política, restringir la participación de la oposición y consolidar un modelo de poder con menor rendición de cuentas.
- Impacto en la legitimidad del gobierno: Si sectores nacionales e internacionales perciben que las elecciones no son libres ni transparentes, la legitimidad del gobierno electo podría verse cuestionada dentro y fuera del país.
Las modificaciones constitucionales en El Salvador han tenido un impacto profundo en el sistema político del país, alterando principios y mecanismos que tradicionalmente garantizaban la alternancia y el equilibrio de poderes. Entre las reformas más relevantes destacan:
- Reelección presidencial inmediata: Se reformó la Constitución para permitir la reelección consecutiva del presidente de la República. Esto elimina la restricción que impedía que un mandatario pudiera optar a un segundo periodo inmediato, lo que abrió la puerta a que Nayib Bukele pudiera postularse para un nuevo mandato en 2024 y permanecer en el poder más allá del periodo originalmente establecido. Recientemente, una nueva modificación constitucional afectó el periodo presidencial de Nayib Bukele, generando gran debate. Esta reforma reduce el tiempo del mandato actual, pero al mismo tiempo permite que Bukele pueda postularse para un tercer periodo presidencial consecutivo. Además, el nuevo mandato tendría una duración mayor que los anteriores.
- Estos cambios implican una reconfiguración inusual del calendario electoral y del ejercicio del poder. Al reducir inicialmente el periodo vigente, pero luego ofrecer la posibilidad de un mandato más largo en la próxima elección, se abre la puerta para que el presidente permanezca en el poder durante un tiempo extendido, más allá de los límites Constitucionales tradicionales.
- Críticos señalan que esta maniobra legislativa puede sentar las bases para un modelo de «dictadura democrática», en el que se mantienen las formas institucionales y procesos electorales, pero con una concentración significativa del poder en el Ejecutivo y limitaciones reales a la competencia política y a los contrapesos democráticos.
Cambios en la estructura del sistema político
- Se destituyeron y reemplazaron magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con figuras afines al oficialismo. Esta modificación afecta la independencia y autonomía de las instituciones encargadas de supervisar y garantizar la transparencia de los procesos electorales.
- La Asamblea Legislativa, mayoritariamente oficialista, ha impulsado reformas que limitan la autonomía de órganos como la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia, concentrando más poder en el Ejecutivo y debilitando los sistemas de pesos y contrapesos.
- Se han aprobado reformas que afectan la organización del Estado y la distribución del poder, favoreciendo la centralización y disminuyendo la capacidad de la oposición para fiscalizar y participar en igualdad de condiciones.
En conjunto, estas reformas han transformado el marco constitucional de El Salvador, permitiendo la prolongación en el poder del actual gobierno y modificando la dinámica democrática, con implicaciones importantes para la gobernabilidad, el Estado de derecho y la pluralidad política en el país.
