El oficialismo en la Asamblea Legislativa aprobó el jueves una nueva prórroga del régimen de excepción que entró en vigor hace más de dos años como el único de los pilar exitoso del gobierno de Nayib Bukele en su política de mano dura para luchar contra las pandillas.
El estado de excepción, que suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado, ha sido renovado 26 veces, convirtiéndolo ya en algo permanente para la vida de los salvadoreños.
El plazo de suspensión de las garantías constitucionales no puede exceder los 30 días, según la Constitución Política de El Salvador, sin embargo, el gobierno del presidente Bukele ha ido prorrogándolo cada mes desde que se aprobó por primera vez el 27 de marzo de 2022.
La nueva extensión fue aprobada con los votos de 57 de los 60 diputados del nuevo Congreso, que está bajo control del oficialismo, y permanecerá vigente hasta el 11 de junio de 2024.
Desde que rige en El Salvador el estado de excepción, han sido detenidas mas de 80 mil personas que las autoridades califican como terroristas y que en más de un 90% de los casos permanece en prisión sin sentencia judicial en su contra, según la actualización de datos presentada por el gobierno. El gobierno ha reconocido que ha tenido que liberar a unos 7.000 detenidos por falta de pruebas en su contra.
Organizaciones no gubernamentales y países democréticos aseguran que bajo el estado de excepción se han violentado derechos humanos y han demandado que se ponga fin la política del gobierno. Siete organizaciones no gubernamentales informaron que han registrado 6.305 denuncias de violaciones a derechos humanos, incluidas detenciones ilegales, arbitrarias, y tratos crueles. Además, se reportan 244 muertes de personas privadas de libertad bajo la custodia del Estado.
Los diputados de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) votaron abstención el jueves y, durante el debate, el diputado Francisco Lira pidió sustituir el régimen de excepción por una medida permanente de seguridad que no violente los derechos humanos, lo que fue ignorado por el oficialismo de Nuevas Ideas, el partido político del presidente Nayib Bukele.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad aseguró en su petición al Congreso que el riesgo que suponen las pandillas se mantiene en El Salvador y consideró necesario continuar la medida hasta que el último de los pandilleros esté en la cárcel, aunque cuando las capturas se acercan al número de pandilleros supuestos por cifras oficiales, se reporta que hyay aun más en libertad para continuar con el régimen.
Bajo ese régimen, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días, pero en la realidad se convierte en un plazo indefinido.
En lo que va de 2024 se contabilizan 45 homicidios, según datos oficiales.
