La Asamblea Legislativa aprobó la noche del martes la vigésima extensión de un régimen de excepción, declarado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas y que suspende garantías constitucionales.
La medida fue aprobada con 67 votos de una Asamblea oficialista, con lo que suman 21 meses de vigencia.
De acuerdo con los datos oficiales, en el contexto de la suspensión de garantías constitucionales suman más de 73.800 las detenciones.
Según el Ejecutivo de Nayib Bukele, todos los detenidos son pandilleros o colaboradores, pero tan sólo unos 13 mil se encuentran encerrados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), mientras el resto de detenidos no están claramente identificados de pertenecer a las organizaciones terroristas de las maras.
Por su parte, las organizaciones sociales registran más de 5.000 «víctimas directas» de atropellos, principalmente por detenciones arbitrarias.
Los datos de la Policía Nacional Civil (PNC), difundidos por la Asamblea, indican que entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de 2023 se han registrado 131 homicidios.
«Las medidas extraordinarias están en consonancia con la protección que el Estado debe garantizar a toda la población frente a un tipo de criminalidad cuyas características de violencia y peligrosidad se distinguen de la delincuencia común», reza el decreto aprobado por el oficialismo.
