El Gobierno de Nayib Bukele, sin limar las asperezas con el órgano Legislativo tras una semana de tensiones y luego de ofender en radio y televisión a los políticos de oposición, presentó el jueves una nueva propuesta de ley de emergencia para enfrentar el COVID-19 y de reapertura de la economía, iniciativa que los diputados dejaron para discutir el lunes.
Esta decisión supone un desplante del órgano Legislativo, de mayoría opositora, al Ejecutivo y un capitulo más de su difícil relación.
El Gobierno de Nayib Bukele llevó la propuesta menos de 24 horas después de anunciar que demandará a los Poderes Legislativo y Judicial por supuestamente retirarle atribuciones para combatir el avance del COVID-19.
A la sesión de la comisión que debe analizar la propuesta y dar su visto bueno para la votación no asistieron los representantes de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) ni del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a quienes Bukele y varios de sus funcionarios han tildado de «ladrones» y «corruptos».
El Ejecutivo esperaba que la iniciativa gubernamental pudiera ingresar a la agenda de la sesión plenaria del jueves para su discusión y votación pero, a diferencia de otras ocasiones, no sucedió así.
«Lamentamos también de que a la comisión no asistiera el partido ARENA ni el partido FMLN, ellos sabrán las razones que están teniendo para esto. Nosotros sí creemos que no abona a nada», apuntó el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, uno de los funcionarios que más a ofendido a los legisladores ante las cámaras.
Añadió que «es una lástima que al tema de la activación económica no se le quiera dar la importancia debida».
El presidente Bukele ha condicionado el comienzo de la reactivación de la economía a la aprobación de una nueva cuarentena por 15 días más.
No obstante, los legisladores aprobaron recientemente una ley con la que buscaban reactivar las actividades productivas por fases en los próximos 120 días, iniciativa que el mandatario prometió vetar sin siquiera haberla leído o considerado.
La confrontación entre el mandatario y el Congreso se intensificó desde el 9 de febrero pasado, cuando ingreso con policías y soldados armados con fusiles de asalto y se sentó en la silla del presidente de dicho órgano de Estado, usurpando el Congreso.
Meses después reconoció que fue una acción de presión para conseguir la aprobación de millonarios fondos para la seguridad.
