A tres días que miles de salvadoreños se lanzaran a la calle a protestar contra la Administración del presidente Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto temporal que prohíbe las concentraciones de personas en actos públicos o privados.
La orden a la que se le dio paso este miércoles excluye las actividades culturales, artísticas y deportivas.
Los que no acaten la disposición podrían ser sancionados bajo el delito de desobediencia que implica una pena de uno a tres años de prisión.
Políticos opositores y miembros de la sociedad civil repudiaron la decisión bajo el argumento de que busca silenciar la libertad de expresión ciudadana.
A juicio del director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, con el decreto se criminaliza la protesta social.
Por su parte, el diputado Johnny Wright Sol, del partido Nuestro Tiempo, planteó durante el debate legislativo que la normativa prueba que para el Gobierno hay aglomeraciones favoritas y otras incómodas.
“Lo que aparenta ser es un decreto disfrazado para prevenir el aumento del COVID solo para un tipo de concentración”, señaló Wright Sol.
La vicepresidenta del Congreso, del partido oficialista Nuevas Ideas, Suecy Callejas, rechazó que el fin de la disposición sea silenciar a los detractores de Bukele.
“Para fomentar el morbo dicen que no queremos que se sigan concentrando y que sigan haciendo marchas. No es eso, ustedes pueden seguir haciendo las marchas que deseen, pero les pedimos que cumplan las medidas de bioseguridad”, declaró Callejas mientras reía.
“Cumplan con las medidas sanitarias, no lleven personas de alto riesgo para que luego de 15 días no tengamos un alza de casos”, agregó.
El decreto transitorio, que entrará en vigor una vez se publique en el Diario Oficial, suspende hasta el 8 de diciembre toda concentración de personas en eventos públicos o privados que impliquen concentraciones masivas.
La medida indica que se tomará acción en manifestaciones donde no se corrobore el protocolo de vacunación y no se respeten los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud.
Bajo el decreto, será esa entidad la encargada de emitir las reglas para la realización de este tipo de eventos, incluyendo los limites de concurrencia así como los requisitos que deben de presentar asistentes y organizadores.
El pasado domingo, opositores al Gobierno de Bukele tomaron por segunda ocasión las calles en reclamo de que se descarte el bitcoin como moneda nacional. Los participantes, que quemaron una figura del presidente en pleno centro de San Salvador, además tronaron contra las medidas ilegales y anti constitucionales que impusieron el retiro de jueces y fiscales mayores de 60 años o con 30 años de servicio.
