La Asamblea Legislativa aprobó el domingo la 34ta prórroga al régimen de excepción vigente desde 2022, una política de mano dura del gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas.
Desde que la medida entró en vigor, se han capturado cerca de 84,000 supuestos pandilleros o colaboradores de estos grupos criminales— y según el gabinete de Seguridad de Bukele insiste en que es necesaria su continuidad debido a la “existencia de grupos terroristas, que, de no erradicarse por completo, su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos”.
El estado de excepción, que se mantendrá otros 30 días, seguirá efectivo hasta el 4 de febrero, con los votos de 57 de los 60 diputados del Legislativo, controlado por el partido Nuevas Ideas de Bukele.
Los tres legisladores de oposición nuevamente negaron sus votos para la aprobación: los dos diputados de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que mantienen una posición «tibia» con respecto a la medida se abstuvieron, y la diputada del partido VAMOS, Claudia Ortíz votó en contra.
Según cifras oficiales, El Salvador cerró 2024 con un número mínimo récord de 114 homicidios, y en el mes de diciembre supuestamente sólo seregistró un asesinato, ante lo cual Bukele aseguró que ahora es el país más seguro del hemisferio occidental.
Sin embargo, las cifras oficiales no toman en cuenta a cinco presuntos pandilleros que fallecieron en supuestos enfrentamientos con la policía o las fuerzas armadas.
El régimen de excepción suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial, y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días, lo que en la práctica se ha convertido hasta casi tres años que acusados, sin haber sido juzgados, no tienen derechos y siguen en prisión.
El Congreso ha aprovechado que el sistema judicial y la Fiscalía General de la República también están bajo el control absoluto de la administración Bukele y aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito el pertenecer a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
Bukele explicó hace pocas semanas, mientras realizaba una visita oficial a Costa Rica, que al menos 8,000 inocentes habían sido capturados y dejados en libertad.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han registrado más de 7,000 denuncias efectuadas por víctimas bajo el régimen de excepción, y dicen haber documentado que 354 personas han muerto bajo custodia de las autoridades.
Además acusan al Estado de tener presos al menos 30 mil acusados falsamente.
El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) publicó una correspondencia del comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, en la que dio trámite a una petición de liberar a 150 personas que alegan fueron detenidas arbitrariamente.
MOVIR indicó que se presentaron arraigos para “150 víctimas capturadas arbitrariamente por el régimen de excepción, que contienen pruebas de su inocencia”. La documentación se entregó el 18 de diciembre a la Presidencia de la República y recibió respuesta el 3 de enero de 2025.
Además, las oenegés Socorro Jurídico Humanitario, Cristosal y el mismo MOVIR, aseguran que hay unos 30 mil inocentes entre esas 84 mil personas detenidas sin orden judicial y acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas.
