Según reportes -que el Gobierno no ha desmentido- el viernes hubo 24 asesinatos en el país, el sábado 7 y el domingo al menos 19; con lo que se registraron al menos 50 asesinatos en todo el territorio salvadoreño.
Los homicidios son usualmente relacionados con purgas dentro de las estructuras criminales, intentos de ampliar el control en sus territorios y el castigo por no pagar extorsiones.
Pero en la racha del fin de semana la mayoría de las víctimas han sido identificadas como personas trabajadoras y solo dos tendrían algún tipo de vinculación a pandillas, según fuentes de la Policía.
Según reportes, algunos asesinatos podrían ser producto de muertes de civiles que se han saltado la cuarentena por el COVID-19 que han ordenado las estructuras delincuenciales.
Las principales pandillas -la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18- que poseen unos 70.000 miembros, ordenaron a la población de las zonas que controlan respetar el confinamiento bajo amenazas de muerte.
Actualmente, las autoridades de seguridad disponen de unos 23.000 policías y más de 7.000 militares para la atención de la pandemia, y se desconoce cuántos serán delegados para controlar el alza de asesinatos.
Una de las primeras medidas aplicadas por Bukele para enfrentar la subida de las muertes violentas fue la instauración de un estado de «emergencia máxima» en las prisiones a raíz de la «información de inteligencia de órdenes de homicidios emitidas desde ahí».
Sin embargo, en situación de cuarentena y sin visitas, se desconoce como los pandilleros que están presos han podido dar ordenes a los que se encuentran en libertad, o huyendo de las autoridades.
