Aunque el presidente interino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sea de la opinión que la solicitud fiscal para pedir a la cancillería que tramite la extradición del expresidente Mauricio Funes, sus dos hijos y su pareja sentimental, es un hecho que esta situación no se dará, según una fuente en el Órgano Judicial.
De los diez magistrados que conforman por ahora la Corte Suprema de Justicia, seis de ellos ya se expresaron al respecto negando sus votos para que el exmandatario fuera juzgado civilmente por el delito de enriquecimiento ilícito.
Los magistrados que negaron sus votos para que Funes fuera juzgado civilmente fueron la magistrado Doris Luz Rivas Galindo, Leonardo Ramírez Murcia, Oscar Armando Pineda Navas, Ovidio Bonilla, Óscar Alberto López Jerez, Elsy Dueñas de Avilés y Paula Patricia Velásquez.
De tal manera que por ahora la petición del Fiscal Douglas Meléndez solo contaría con el apoyo de cuatro magistrados y no de de seis como sería la mayoría simple para adoptar la aprobación de la solicitud de extradición.
La Corte lleva dos meses sin Sala de lo Constitucional, pero según el presidente interino del Órgano Judicial, Oscar Armando Pineda Navas, si bien el máximo tribunal no está completo sí está integrado para conocer la solicitud de extradición de Funes cuando la remita el juzgado.
El jueves, la Fiscalía ratificó y urgió al juez Quinto de Instrucción de San Salvador, Sidney Blanco, la solicitud de extradición de Funes, a quien acusa del desvío de al menos $351 millones entre 2009 y 2014.
Otros de los imputados den el caso “Destape a la Corrupción” han solicitado ante la Cámara Segunda de lo Penal que el juez Blanco sea separado de conocer el caso por lo que habría que esperar la resolución de dicha Cámara o si tomará la decisión de excusarse de su parte.
Funes está llevando de manera mediática, desde Nicaragua, su propia defensa negando los delitos que le atribuye la Fiscalía General y mostrando documentos que contradicen el dicho del fiscal Douglas Meléndez.
Ramírez Murcia fue uno de los magistrados que más cuestionó el informe de Probidad. “La investigación del patrimonio de los investigados debe hacerse del conocimiento de ellos, nos guste o no nos guste”, afirmó el funcionario en ese entonces.
Sin embargo, el entonces magistrado de la Corte, Sidney Blanco, señaló que Funes ya había tenido oportunidad de presentar sus pruebas para desvanecer los hallazgos, lo que ha motivado la petición de que sea retirado del caso.
Ramírez Murcia también insistió en que debía quedar claro cuál era el dinero que le cuestionaban como parte del proceso de enriquecimiento ilícito al exgobernante y cuáles eran los ingresos.
La magistrada Velásquez, por su parte, cuestionó el hecho de que se hubieren “considerado cantidades en donde aparecen irregularidades antes de que él fuera presidente y posteriormente a su cese de funciones”.
Funes y su nueva familia están asilados en Nicaragua desde septiembre de 2016, donde podrán esperar largamente el curso que siga la petición del fiscal Meléndez. Por ahora no hay señales de que pueda prosperar la petición “urgente” del fiscal.
