El “Mapa socioeconómico: Guía para los nuevos 44 municipios de El Salvador”, una investigación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ejecutado con el objetivo de apoyar al gobierno en descubrir y enfrentar los desafíos del desarrollo, mostró que al menos 38 de cada 100 familias en el país vive en condición de hacinamiento, con municipios estremos, como Sonsonate Norte, que tiene un 60.7 por ciento de su población en esa precaria situación.
Familias completas viven dentro de los cementerios y en sitios improvisados, ante la imposibilidad de alcanzar una vivienda digna.
El promedio de 38 por ciento de personas hacinadas se establece sobre la base de tres personas o más por habitación exclusiva para dormir, sin embargo, hay casos en algunos municipios en los cuales el porcentaje es mayor.
Los ejemplos no faltan. Ahuachapán Centro tiene un registro de 54.1 por ciento e incluso 12 personas, de tres familias, que residen al interior del cementerio municipal de Concepción de Ataco.
A nivel nacional, de acuerdo a pesquisas, cerca del 80 por ciento de los salvadoreños viven en condiciones inadecuadas.
Las estadísticas muestran que en el 52.5 por ciento de los hogares del área rural se vive en hacinamiento y que en el área urbana esa condición alcanza al 31 por ciento.
Según organizaciones comunitarias la situación es muy preocupante, pero se vuelve escandalosa al tomar en cuenta la proliferación de complejos habitacionales metropolitanos con viviendas que superan los 100 metros cuadrados y que disponen de áreas verdes y espacios recreativos.
Comprar una casa en una de esas residenciales escapa a las posibilidades económicas de la mayoría de las familias salvadoreñas.
En la actualidad la construcción es uno de los renglones de más crecimiento en la economía salvadoreña, en especial porque la promoción de residencias es uno de los negocios más rentables a nivel nacional, y restringe el acceso a la vivienda a una minoría privilegiada.
Hasta ahora, las intervenciones gubernamentales en el tema de la vivienda y el hábitat distan mucho de lo que requiere El Salvador, mientras las memorias de labores del ministerio del ramo muestran resultados insuficientes respecto a las necesidades, señalan organizaciones comunitarias.
