El expresidente Alfredo Cristiani Burkard (1989-1994) fue acusado ante un tribunal junto a otras 12 personas por sus presuntos vínculos con el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras ocurridas hace 32 años durante su gestión, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Según el requerimiento fiscal presentado ante el tribunal, Cristiani está acusado del delito de comisión por omisión en el delito de asesinato.
El anuncio fue hecho por el fiscal general, Rodolfo Delgado, a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde publicó un video con los detalles. “Por años fueron protegidos y no enfrentaron la justicia. Eso se terminó», aseguró Delgado.
En diciembre de 2017, Cristiani negó en una entrevista del televisada haber participado en una supuesta reunión con altos mandos militares para ordenar la masacre. “No estuve en esa noche en una reunión en el Estado Mayor”, sostuvo el exmandatario en ese momento a la televisora.
Según la acusación, el 16 de noviembre de 1989, un grupo de militares entró a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y asesinó a ocho personas: seis sacerdotes y dos salvadoreñas que colaboraban en este centro académico.
De acuerdo con Delgado, esta acusación «forma parte de los esfuerzos que está realizando la fiscalía general de la República para llevar ante el banquillo de los acusados a todos los responsables de diversos crímenes ocurridos durante la época el conflicto».
Junto a Cristiani otras 12 personas enfrentarán los cargos, por los que la Fiscalía ha pedido se gire orden de detención. Según las autoridades, un tribunal de paz deberá fijar fecha para que se lleve a cabo la audiencia inicial en la que se decidirá si existen elementos para ordenar la captura de los acusados.
El pasado enero, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) invalidaron la decisión tomada por la Sala de lo Penal de la CSJ que en septiembre de 2020 cerró el proceso penal por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, ocurrido el 16 de noviembre de 1989, durante la guerra civil salvadoreña.
El principal argumento de la Sala en ese momento fue que existió “vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, a la protección jurisdiccional y a conocer la verdad”.
La Sala de lo Penal argumentó, en septiembre de 2020, que el 12 de diciembre de 2000, el Tribunal Tercero de Paz ordenó en audiencia inicial el sobreseimiento definitivo por considerar que la acción penal había prescrito ya que habían pasado más de 10 años desde el crimen al momento que la fiscalía general de El Salvador presentó la acusación, límite máximo que establece la legislación en el país para perseguir un delito.
Las víctimas fueron los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, además de tres salvadoreños, el sacerdote Joaquín López y sus colaboradoras, Elba y su hija Celina Ramos.
Los sacerdotes jesuitas, presuntos líderes de la guerrilla que atacaba al gobierno, fueron asesinados durante la ofensiva guerrillera “Hasta el Tope” por un grupo élite del Ejército, en las instalaciones de la Universidad Centroamericana, según el informe de la Comisión de la Verdad, elaborado en 1993, con el apoyo de Naciones Unidas.
La Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil de El Salvador, que contó con el apoyo de las Naciones Unidas, concluyó en 1993 que un grupo élite del Ejército asesinó a los sacerdotes jesuitas en las instalaciones de la Universidad Centroamericana.
