La organización Acción Ciudadana advirtió que la impunidad continúa siendo un problema estructural en el sistema de justicia de El Salvador, señalando que, a pesar de reformas legales y del endurecimiento del discurso gubernamental contra el crimen, no se registran avances sostenidos en la investigación y sanción de casos de alto perfil.
En un pronunciamiento público, la entidad cuestionó la debilidad de los contrapesos institucionales, así como la falta de independencia de fiscales y jueces en procesos que involucran a funcionarios, exfuncionarios y actores con poder político o económico.
Justicia selectiva y concentración de poder
Acción Ciudadana sostuvo que el actual contexto político ha derivado en una aplicación selectiva de la justicia, donde los esfuerzos punitivos se concentran en determinados sectores, mientras otros casos permanecen estancados o sin investigación visible.
“La impunidad no solo se expresa en la ausencia de condenas, sino en la falta de investigaciones serias, transparentes y oportunas”, señaló la organización, al tiempo que advirtió que la concentración de poder en los órganos del Estado debilita los mecanismos de control y rendición de cuentas.
Reformas sin resultados verificables
La organización reconoció que se han impulsado reformas legales y reestructuraciones institucionales, pero subrayó que los cambios no se han traducido en resultados verificables en materia de combate a la corrupción y acceso efectivo a la justicia.
Entre los principales señalamientos figuran:
- Procesos judiciales sin información pública suficiente
- Falta de seguimiento a denuncias ciudadanas
- Uso discrecional de la reserva de información
- Escasa protección a denunciantes y testigos
Régimen de excepción y derechos fundamentales
Acción Ciudadana también expresó preocupación por los efectos prolongados del régimen de excepción, vigente desde hace casi cuatro años, advirtiendo que la excepcionalidad se ha normalizado sin mecanismos claros de evaluación o corrección.
Según la organización, la persistencia del régimen ha generado riesgos para el debido proceso y la presunción de inocencia, especialmente en sectores vulnerables, lo que podría agravar la percepción de injusticia y desconfianza en el sistema judicial.
Respuesta oficial pendiente
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían emitido una respuesta directa a los señalamientos de Acción Ciudadana. En ocasiones anteriores, funcionarios del Ejecutivo han rechazado críticas de organizaciones sociales, argumentando que forman parte de una “narrativa política” que desconoce los avances en seguridad y gobernabilidad.
No obstante, Acción Ciudadana insistió en que el combate real a la impunidad requiere instituciones independientes, transparencia en los procesos judiciales y una separación efectiva de poderes, condiciones que —según la organización— siguen siendo una deuda pendiente en El Salvador.
