La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron la madrugada del jueves 8 de octubre un operativo simultáneo contra una presunta red transnacional de tráfico de cocaína que utilizaba la ruta marítima del Pacífico centroamericano para trasladar cargamentos ilícitos a través de El Salvador.
De acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía, la investigación comenzó en julio de 2024 y ha permitido incautar 1,917 kilogramos de cocaína, valorados por las autoridades en $48,193,380, además de decomisar seis embarcaciones presuntamente utilizadas para transportar la droga.
El procedimiento se desarrolló en zonas costeras de varios departamentos, entre ellos Ahuachapán, Usulután y La Paz, según la información difundida por la institución fiscal. Las autoridades no habían detallado públicamente, al cierre de los primeros reportes, el número total de nuevos detenidos ni la identidad de todos los sospechosos.
La investigación ya había conducido a la captura de 12 personas en etapas anteriores. Los nuevos imputados serán incorporados al proceso judicial, según la Fiscalía, que atribuye a la estructura actividades de tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas.
Pescadores bajo investigación por apoyo logístico
Las pesquisas apuntan a que la organización habría aprovechado el conocimiento de las rutas marítimas y las condiciones de las comunidades costeras para facilitar sus operaciones.
Según la versión oficial, algunos de los involucrados proporcionaban combustible, sistemas de posicionamiento global (GPS) y embarcaciones de apoyo a las tripulaciones que trasladaban la cocaína. Ese soporte habría permitido abastecer las lanchas y facilitar el movimiento de los cargamentos por rutas utilizadas para el tráfico internacional.
La información divulgada por las autoridades señala que la red transportaba droga desde Nicaragua hacia Guatemala, utilizando territorio salvadoreño como corredor de tránsito.
El caso ilustra una modalidad de narcotráfico en la que las organizaciones no dependen exclusivamente de quienes conducen las embarcaciones cargadas de estupefacientes. También necesitan redes de apoyo en tierra y en el litoral que suministren combustible, información, equipos de navegación y medios para continuar el recorrido.
La identificación de esos colaboradores puede resultar decisiva para establecer responsabilidades más allá de los tripulantes sorprendidos durante una operación marítima. Sin embargo, la participación atribuida a cada sospechoso deberá acreditarse dentro del proceso judicial, conforme a las pruebas que presente la Fiscalía.
Una línea de investigación que se prolongó durante más de dos años
La duración de la investigación, iniciada en julio de 2024, es uno de los elementos centrales del procedimiento. El seguimiento de una estructura de estas características requiere identificar conexiones, establecer funciones, documentar movimientos y reunir evidencia que permita sostener las acusaciones ante los tribunales.
En este caso, la FGR y la PNC informaron de un trabajo coordinado que culminó con intervenciones simultáneas y la incorporación de nuevos sospechosos a una causa en la que ya figuraban 12 personas capturadas anteriormente.
La actuación se enmarca en las funciones de la Fiscalía de dirigir la investigación penal en coordinación con los cuerpos policiales y ejercer la acción penal ante los tribunales. La incautación física de la droga y la interceptación de embarcaciones, por su parte, corresponden a las operaciones de seguridad e interdicción que pueden involucrar a la Policía y a la Fuerza Naval.
La diferencia es relevante: retirar un cargamento del circuito ilegal representa un resultado operativo, mientras que demostrar la responsabilidad de los integrantes de una red exige pruebas individualizadas y una resolución judicial.
Grandes decomisos durante la gestión de Rodolfo Delgado
El operativo se suma a una serie de incautaciones de cocaína de gran volumen registradas en El Salvador durante los últimos años, en las que la Fiscalía ha participado en la investigación, el procesamiento de los sospechosos y la gestión judicial de las sustancias decomisadas.
En enero de 2025, la FGR informó sobre la destrucción de 4,341 kilogramos de cocaína, incautados en distintas operaciones marítimas realizadas durante ese mes. La institución valoró el cargamento en aproximadamente $109.1 millones y señaló que nueve extranjeros capturados en los procedimientos enfrentaban procesos penales.
En octubre de ese mismo año, la Policía Nacional Civil informó de otra operación en altamar que permitió decomisar alrededor de 1.7 toneladas de cocaína, valoradas en $44.8 millones, y detener a tres ciudadanos ecuatorianos.
El 20 de febrero de 2026, las autoridades anunciaron una incautación todavía mayor: 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de $165 millones, interceptadas a unas 380 millas náuticas de las costas salvadoreñas. En esa operación fueron capturadas diez personas de nacionalidades nicaragüense, ecuatoriana, colombiana y panameña.
Posteriormente, en julio de 2026, el Gabinete de Seguridad informó de otro decomiso de 1,362 kilogramos de cocaína, valorados en aproximadamente $34 millones, en una operación desarrollada a más de 1,700 kilómetros al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en el estero de Jaltepeque.
Estas operaciones documentan una actividad sostenida de interdicción marítima y procesamiento penal durante la administración de Rodolfo Delgado al frente de la FGR. También muestran la participación de distintas instituciones estatales, entre ellas la Fuerza Naval, la PNC y la Fiscalía.
En su balance de 2024, la FGR y el Gabinete de Seguridad reportaron la incautación de 17,224.84 kilogramos de diferentes tipos de drogas, valorados oficialmente en más de $422.7 millones. La cifra comprende distintas sustancias y operaciones, por lo que no debe confundirse con el volumen exclusivo de cocaína ni atribuirse únicamente a la Fiscalía.
Los datos oficiales permiten dimensionar el volumen de las operaciones, pero por sí solos no determinan cuántas estructuras completas fueron desmanteladas, qué proporción de sus integrantes terminó condenada o cuánto narcotráfico logró evitarse en las rutas marítimas de la región.
El desafío de convertir las incautaciones en condenas
La gestión de Delgado ha presentado la persecución del narcotráfico como parte de la coordinación entre la Fiscalía, la Policía y la Fuerza Armada. En octubre de 2024, el fiscal general afirmó que desde 2021 la institución había procesado a 119 personas vinculadas con operaciones de narcotráfico marítimo y que 113 ya habían sido condenadas, según el balance presentado entonces por la propia FGR.
Ese antecedente constituye un indicador de actividad judicial, aunque corresponde a un corte temporal específico y no debe interpretarse como una estadística actualizada de todos los procesos por narcotráfico en el país.
Para evaluar el alcance de la estrategia también sería necesario disponer de información consolidada sobre acusaciones presentadas, condenas firmes, absoluciones, decomisos definitivos, identificación de los financiadores y desarticulación de las redes logísticas y financieras que sostienen el negocio.
La persecución penal no concluye con la captura de los transportistas ni con la incautación de la droga. Las investigaciones deben determinar quiénes financiaron los cargamentos, quiénes organizaron las rutas y quiénes facilitaron la logística, así como establecer si existen vínculos con estructuras criminales que operan en otros países.
El Pacífico, corredor de tránsito para el narcotráfico
La posición geográfica de Centroamérica entre los países productores de cocaína de Sudamérica y los mercados consumidores del norte convierte al litoral pacífico en una zona de interés para las redes de tráfico internacional.
Las organizaciones criminales pueden recurrir a embarcaciones rápidas, rutas alejadas de la costa y puntos de abastecimiento distribuidos entre distintos países. En ese esquema, los colaboradores locales pueden desempeñar funciones logísticas sin necesariamente participar en todas las etapas del negocio.
Para El Salvador, la respuesta exige combinar vigilancia marítima, intercambio de información con otros países, investigación patrimonial y capacidad para procesar judicialmente a quienes financian y organizan el transporte.
El decomiso de 1,917 kilogramos de cocaína y la incautación de seis embarcaciones representan un nuevo resultado operativo dentro de ese esfuerzo. El siguiente paso será demostrar ante los tribunales la participación de los sospechosos y establecer si la investigación permite alcanzar a los responsables de mayor nivel dentro de la estructura.
La magnitud económica atribuida al cargamento dimensiona el valor del negocio ilícito que las autoridades buscan interrumpir. Pero el resultado definitivo de la operación dependerá también de la solidez de las pruebas, las resoluciones judiciales y la capacidad de impedir que la red reconstruya sus rutas y mecanismos de abastecimiento.
