En un giro judicial de alto impacto para la política centroamericana, un tribunal hondureño dictó sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), extinguiendo —al menos en primera instancia— las acusaciones por fraude y lavado de activos que pesaban en su contra dentro del emblemático caso Pandora II.
El Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción determinó que el Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), no logró acreditar la trazabilidad financiera que vinculara al exmandatario con el presunto desvío de fondos públicos hacia sus campañas políticas.
La anatomía del fallo: Por qué colapsó la acusación
La tesis acusatoria de la UFERCO sostenía que entre 2010 y 2013 se articuló una red de corrupción integrada por altos exfuncionarios —incluyendo al expresidente Porfirio Lobo Sosa y al exsecretario de Finanzas Wilfredo Cerrato— que drenó más de L288 millones (aprox. $10.74 millones) de las arcas estatales hacia las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista. La Fiscalía aseguraba que al menos L62 millones ($2.31 millones) fueron desviados mediante empresas fantasma y testaferros para financiar movimientos políticos ligados a Hernández.
Sin embargo, la carga probatoria presentada en la audiencia inicial fue ampliamente superada por la estrategia de la defensa:
| Elemento Probatorio | Ministerio Público (UFERCO) | Defensa Técnica de JOH |
| Pruebas Documentales | 16 documentos | 31 documentos |
| Testigos Evacuados | 1 testigo | 1 testigo |
| Peritajes Técnicos | 3 pericias financieras | 0 |
| Determinación Clave | Acusación de desvío sistemático. | Las pericias probaron que las ampliaciones presupuestarias dependían del Ejecutivo, rol ejercido por Porfirio Lobo y no por JOH, quien entonces presidía el Congreso Nacional. |
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial de Honduras, confirmó que el juez no encontró el nexo causal ni la trazabilidad del dinero que vinculase directamente al entonces presidente del Poder Legislativo. Con este fallo, la corte ordenó emitir la correspondiente carta de libertad y revocar las medidas cautelares impuestas a Hernández dentro de esta causa.
La ofensiva por el patrimonio y el contexto internacional
Tras la resolución, Hernández arremetió públicamente exigiendo la devolución inmediata de los bienes e inmuebles incautados a su familia, argumentando que dichos activos forman parte del patrimonio heredado por su padre décadas antes de su incursión en la función pública. El exmandatario afirmó haber presentado documentación apostillada en Estados Unidos para respaldar su reclamo.
No obstante, su propio apoderado legal, el abogado Félix Ávila, precisó que la causa penal por Pandora II discurre por una vía distinta al fuero de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, por lo que la devolución no opera de forma automática.
Este revés para la Fiscalía hondureña se produce tras el retorno de Hernández al país, luego de su sorpresiva salida del sistema penitenciario estadounidense a finales de 2025 mediante un indulto presidencial otorgado por Donald Trump, evento que reconfiguró su estatus jurídico internacional.
Escenarios abiertos: La apelación y el costo político
Aunque la defensa califica el dictamen como una “absolución total”, el proceso no ha quedado sellado definitivamente:
- Recurso de Apelación: El Ministerio Público dispone de los plazos legales para recurrir el sobreseimiento ante la Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada, buscando reinstaurar la causa penal.
- Juicio a la Fiscalía: Sectores analistas y medios locales e internacionales cuestionan el severo revés técnico de la UFERCO, abriendo un debate nacional sobre la efectividad de las investigaciones de corrupción de alto nivel en el país.
